Así lo resolvió el 17 de Octubre de 2018 en los autos “Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Nulidad de acto jurídico”, al rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y confirmar así la sentencia de la Sala II de la Cámara Primera de Apelación del Departamento Judicial de Bahía Blanca que condenó al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. a indemnizar a la actora con $20.000 en concepto de daño moral y le aplicó la sanción de daños punitivos por $1.000.000, más interés y costas. VEA O DESCARGUE EL FALLO COMPLETO DE LA SCBA

EL FALLO DE CÁMARA  VEA O DESCARGUE EL FALLO DE CÁMARA

Con fecha 28 de agosto de 2014, la Sala II de la Cámara Primera de Apelación del Departamento Judicial de Bahía Blanca consideró que la conducta del banco demandado, consistente en abrir y mantener una cuenta corriente no solicitada y luego informar a la actora como deudora irrecuperable ante las bases de datos de riesgo crediticio, “constituye un grave y objetivo incumplimiento de las exigencias de la ley 24.240, a lo que se suma la grosera negligencia del Banco, cercana al dolo, en toda la operatoria que devino en la declaración de nulidad de la cuenta corriente abierta sin el consentimiento de su titular”.

Para cuantificar el daño punitivo, el vocal preopinante, Dr. Peralta Mariscal, utilizó la fórmula aritmética propuesta por el Dr. Matías Irigoyen Testa, “en la que se tiene en cuenta el resarcimiento por daños reparables que corresponden a la víctima…y la probabilidad de que un damnificado decida transitar todo el periplo necesario y logre una condena resarcitoria por los padecimientos infligidos, que incluya daños punitivos”.

Explica el camarista que “(l)a fórmula a aplicar, ponderando que la cuenta indemnizatoria se integra con daños estrictamente reparables en el sentido que he dado a esta expresión, es la siguiente:

D = C x [(1 – Pc) / (Pc x Pd)]

En ella:

“D” = daño punitivo a determinar;

“C” = cuantía de la indemnización compensatoria por daños provocados;

“Pc” = probabilidad de ser condenado por la indemnización compensatoria de daños provocados;

Pd = probabilidad de ser sentenciado por daños punitivos, condicionada a la existencia de una condena por resarcimiento compensatorio.”

LA SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE BONAERENSE

Posteriormente, el Máximo Tribunal bonaerense confirmó tanto la sanción como su monto y modo de cuantificación.

Así, en su voto, el Dr. de Lázzari, al que adhieren los ministros Genoud y Kogan, expresa que “para la determinación de la indemnización es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial como son aquellas contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto y de uso habitual en los Tribunales de Trabajo. Ello ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza. Pero esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos (conf. mi voto en las causas C. 117.926, “P., M. G.”, sent. de 11-II-2015; C. 118.085, “Faúndez”, sent. de 8-IV-2015).” (la negrita es nuestra)

Para el ministro, “(e)n el sub lite, el a quo ha brindado fundamento suficiente para sostener la aplicación del modelo matemático propuesto, circunstancia que impide tener por configurado el vicio del absurdo (v. fs. 216 vta./220; art. 279 cit.).” (la negrita es nuestra)

Por su parte, el Dr. Pettigiani sostuvo que “el a quo empleó un modelo matemático circunstanciado, basado en el cálculo de probabilidad de que el infractor fuera condenado a resarcir el total del daño materialmente provocado a las víctimas en todos los casos en los que actuare o reiterare la conducta aquí reprochada…Luego, a partir de presunciones hominis sostenidas en el sentido común y la experiencia, concluyó que en las actuales circunstancias de tiempo y lugar sólo uno de cada cincuenta consumidores en análoga situación a la de la actora perseguiría un resarcimiento de los daños padecidos por tales conductas del accionado… En tal sentido, considerando esa extremadamente baja probabilidad de ser demandado (que reputó en un 2%), así como el sensible rédito que de dicho escaso porcentaje ha extraído la entidad financiera, la entidad de la negligencia incurrida (que calificó de grave, cercana al dolo), su habitualidad, la grotesca situación por la que debió atravesar la actora (incluso luego del arribado acuerdo ante la autoridad municipal de aplicación, importando ello toda ausencia de mitigación del daño), y partiendo del monto de condena en concepto de daño moral (resarcitorio), arribó al guarismo millonario de la sanción con el objeto de actuar seriamente el fin disuasorio de la multa, imponiéndole al demandado una erogación similar a la que habría debido abonar hasta el presente por su generalizado, ligero e irregular proceder …
Ante tal faena, concuerdo con la opinión de los colegas preopinantes en que el Tribunal de Alzada brindó fundamento suficiente para calcular el monto de la multa impuesta al banco demandado, extremo que enerva la configuración del vicio de absurdo en los términos alegados por el recurrente (doctr. art. 279, CPCC).” (la negrita es nuestra) Este punto fue compartido por los ministros Soria y Natiello.

Cabe destacar que el Dr. Pettigiani, en postura que no fue seguida por los restantes ministros, también se pronunció por efectuar una prudente reasignación de las sumas derivadas de la multa impuesta a la demandada, de modo que el destino de parte de los fondos involucrados sea dirigido a medidas de fomento de los derechos de los consumidores en el ámbito provincial, sea en acciones de educación, información y difusión del ordenamiento jurídico protectorio, de las prácticas abusivas usuales, como de los mecanismos de defensa que se encuentran disponibles para su neutralización”. (la negrita es nuestra)

Así, propuso reconocer a la accionante el veinte por ciento de aquélla (20%), mientras que el porcentaje restante debería ser dirigido al destino especificado en el párrafo anterior, a cuyo fin deberá oficiarse a la Dirección Provincial de Comercio dependiente de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires”. (la negrita es nuestra)

El Dr. Pettigiani destacó que no olvida “el expreso texto del art. 52 bis de la ley 24.240, que dispone el destino de la multa a favor del consumidor, mas su aplicación al caso concreto, cuando la estimación de aquélla incluya su componente por el perjuicio social causado, debe llevar a distribuir su producido de forma tal que puedan ser cumplidos todos los objetivos y fines del instituto.
Así, la razonabilidad de la fijación y cuantificación de la sanción debe analizarse a la luz de las circunstancias tenidas en cuenta a tal fin. Por lo que en estos casos no podría favorecerse a la víctima con la percepción de una compensación mayor a la derivada de la incidencia de la infracción sobre su persona (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1037, 1068, 1069, 1071, 1077, 1079, 1109, 1137, 1167, 1197, 1198 y concs., Cód. Civ.), ni quebrarse el principio de igualdad al postergarse a similares damnificados que pudieran obtener sentencia con posterioridad…” (la negrita es nuestra)

En definitiva, la Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, confirmándose así la sentencia de Cámara.