Al decidir un conflicto de poderes entre la Provincia y el Juzgado de Faltas n° 2 de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata, la Suprema Corte bonaerense anuló lo dispuesto por dicho juzgado, quien había dictado una medida precautoria ordenando al IOMA que dejara sin efecto el acto administrativo  por el que esta entidad rechazó la afiliación de una persona que presentaba patologías preexistentes. El Tribunal consideró que el Juzgado de Faltas “carece de aptitud jurídica para conocer y dirimir controversias como las originadas en la especie” dado que ninguna norma del ordenamiento provincial le concede competencia y remarcó la existencia de otros remedios administrativos o acciones judiciales para el caso.

Así lo resolvió, el 28 de noviembre de 2018, en “Fiscal de Estado contra Juzgado de Faltas N° 2 de Defensa del Consumidor en autos: ‘Barletta Valeria Gisela sobre Denuncia contra IOMA’, arts. 161 inc. 2; 196 Const. prov.” VEA O DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

 La Fiscalía de Estado promovió el conflicto de poderes en los términos de los arts. 161 inc. 2 y 196 de la Constitución bonaerense, denunciando ante la Suprema Corte que el Juzgado de Faltas n° 2 de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata habría invadido potestades de la Provincia, tanto del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) como del Poder Judicial.

En el expediente administrativo 4061-1025618/2017 caratulado “Barletta Valeria Gisela s/ denuncia c/ IOMA”, el titular del referido juzgado de faltas dictó una medida precautoria ordenando al IOMA que dejara sin efecto el acto administrativo de fecha 13 de febrero de 2017 -disposición 1.085/17- por medio del cual este organismo rechazó la afiliación de la señora Barletta, disponiendo que dictara uno nuevo haciendo lugar a su pedido.

Llegado el caso al Máximo Tribunal bonaerense,  el ministro preopinante fue el Dr. Soria, voto cuyos fundamentos fueron compartidos por los  doctores Genoud, Negri y de Lázzari.

El Dr. Soria, entre otros argumentos, señaló que no sólo que el asunto que dio origen a esta contienda es ajeno al marco de actuación del procedimiento administrativo sancionador previsto en los arts. 45 a 49 y concordantes de la ley 24.240 con sus reformas y 36 a 82 de la ley 13.133, sino que en circunstancias como las de autos las vías de tutela establecidas por las leyes aplicables de manera alguna habilitan la intervención del juzgado de faltas municipal, menos todavía le confieren el poder de expedir los mandatos que en el expediente administrativo 4061-1025618/2017 su titular hubo de ordenar.” (la negrita es nuestra)

Para el ministro, el juzgado de Faltas carece de aptitud jurídica para conocer y dirimir controversias como las originadas en la especie a raíz del dictado de la disposición 1.085/17. Por consiguiente, no está investido de potestad alguna para suspender, anular o mandar a reemplazar actos administrativos emanados de una autoridad provincial en ejercicio de sus propias competencias.” (la negrita es nuestra)

Agrega el ministro que, respecto de los juzgados de Faltas “desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no poseen los atributos propios de los que integran el Poder Judicial, constituyendo sólo autoridades administrativas cuyas decisiones no revisten el carácter de sentencias (cfr. CSJN Fallos 310:674; 310:1380; 311:334 y 326:4087). En similar sentido se ha expresado esta Suprema Corte al resaltar que la índole de las funciones que ejercen y el grado de autonomía funcional con que el legislador los ha dotado, aunque presenta similitudes con la jurisdiccional, no alteran esa calidad de órganos de la administración municipal (cfr. causa I. 2.214, “Di Mantova”, sent. de 16-II-2005)…. Desde que no son designados con arreglo al art. 175 de la Constitución, no gozan de la garantía de inamovilidad con el alcance consagrado en el art. 176 del mismo ordenamiento, ni siquiera integran el Poder Judicial (arts. 160 y concs., Const. prov.; 1, 2 y concs. de la ley 5.827 y sus múltiples reformas), es harto impropio asimilarlos a los jueces. Ergo, lo sería también adjudicarle o reconocerle las competencias de los jueces. Precisamente porque no hay lugar racional para esa parificación, la Constitución habilita a la legislatura a instituir una instancia especializada de revisión judicial de las resoluciones emanadas de aquellos órganos locales (arg. art. 166, segundo párrafo, Const. prov.).” (la negrita es nuestra) 

En su criterio, “(e)n ausencia de reglas puntuales o específicas en el ordenamiento provincial, el régimen consagrado en las leyes 24.240 y en las correspondientes normas de desarrollo dictadas por la Provincia en este campo (ley 13.133 y complementarias), deviene inaplicable a este tipo de casos administrativos. Al menos, sus normas -en particular lo dispuesto en los arts. 5 y 6 de la ley 13.133- lejos están de aprehender la situación ventilada ante el juez de faltas local o de conferirle las prerrogativas que se arrogara en el asunto bajo estudio, sobre todo en vista de lo que establecen los arts. 23 y 30 de la citada legislación.” (la negrita es nuestra) 

“En realidad, en otros supuestos, que indudablemente no se asemejan al considerado en el presente caso, ya que cuentan con una habilitación normativa puntual y expresa, la autoridad comunal puede tener algún desempeño (v.gr. en materia de servicios públicos domiciliarios de agua potable y desagües cloacales, lo dispuesto por los arts. 50 inc. l y 51, decreto 878/03 y sus reformas, según las leyes 13.154 y 14.745), y en ese contexto acaso cabría acudir para integrar la solución del asunto a ciertas previsiones del régimen de defensa de los consumidores. Pero se trata de campos y de encuadres normativos diferentes a los transitados en esta causa.” (la negrita y el subrayado es nuestro) 

En definitiva, “la juridicidad vigente habilitaba el obrar inicial de la entidad administrativa provincial (el IOMA y, por control de legalidad, el Poder Ejecutivo) y eventualmente, en el marco de un proceso contencioso o de amparo, la intervención de un magistrado o tribunal del Poder Judicial. Siendo así, la irrupción de la aparente medida suspensiva (en puridad anulatoria con mandato de reemplazo) del acto administrativo provincial, decidida por el juez municipal de Faltas de La Plata, con prescindencia de las específicas vías previstas en el ordenamiento procesal que rige la materia y habida cuenta de que la regla del art. 71 de la ley 13.133 de ninguna forma habilitaba semejante actuar, luce abiertamente ilegítima.” (la negrita es nuestra) 

“Ahora bien, dada la índole de los derechos en presencia en este conflicto, es prudente conceder a la señora Barletta un término de sesenta días hábiles contados desde la notificación de la presente para que pueda ejercer aquellos remedios administrativos o acciones judiciales que se crea con derecho, conforme a lo expresado en la presente… Durante ese tiempo, teniendo en cuenta que el caso puede comprometer el derecho de acceso a la salud, corresponde decidir acerca de la neutralización provisional de los efectos de la disposición 1.085/17. En asuntos como el que ahora se decide, no sólo atañe a los jueces encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional, lo cual se produciría si los litigantes tuviesen que aguardar al inicio de un nuevo proceso, y en ese lapso quedaran desprotegidos los intereses cuya satisfacción se requiere (doctr. CSJN Fallos: 324:122 y 327:2413, por remisión al dictamen del Procurador General), sino ponderar, merced a un prudente balance, los bienes jurídicos comprometidos.” (la negrita es nuestra) 

Por todo lo anterior, se resolvió “declarar configurado el conflicto de los previstos en el art. 196 de la Constitución provincial y hacer lugar a la pretensión formulada por el ente demandante anulando en consecuencia lo actuado en el expediente administrativo 4061-1025618/17. Se confiere un plazo de sesenta días hábiles contados desde la notificación de la presente para que la señora Valeria Gisela Barletta ejerza las acciones que considere pertinentes. Ínterin, se suspenden los efectos de la disposición 1.085/17, debiendo entretanto el IOMA continuar con la cobertura asistencial a la referida interesada hasta que en la vía por ella escogida tome intervención la autoridad administrativa o el juez competente y decida sobre la cuestión que se le hubiere planteado; o bien expire el plazo conferido al efecto (cfr. art. 36 inc. 8 y 15, Const. prov.; doctr., arts. 232, CPCC; 22 y 23, ley 12.008, texto según ley 13.101).”