La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, del Departamento Judicial Morón revocó el fallo apelado y rechazó la excepción de prescripción interpuesta. La Alzada destacó que la acción por los daños ocasionados por el abuso sexual a una menor recién nace a partir de la fecha en que la sentencia penal condenatoria ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

Así lo decidió, el 20 de septiembre de 2018, en los autos “G., E. P. C/ G., F. S. S/ DAÑOS Y PERJ.” VEA O DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

La actora, E. P. G., se presenta por derecho propio y en representación de sus hijos L. S. J. C. nacido el  20 de mayo de 2005 y de B. D. C. nacida el 26 de marzo de 1995. Esta última, al alcanzar la mayoría de edad, se presenta por derecho propio y ratifica lo actuado por su progenitora.

Las actoras promueven acción de daños y perjuicios contra F. S. G., progenitor de la co-actora y abuelo materno de B. y L., por haber abusado sexualmente de su nieta, lo que fue presenciado por L.

La progenitora radica inmediatamente la denuncia penal, iniciándose la causa “G. F. S. s/abuso sexual- art. 119”. En la misma, con fecha 14 de agosto de 2012, se dictó la sentencia: condenando “a F. S. G.….a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual sin acceso carnal agravado por el vínculo en concurso real con promoción o facilitación de la corrupción de menores, según hecho ocurrido el día 21 de setiembre de 2009 en la Localidad de G. de L., Partido de La Matanza, en perjuicio de B. D. C. (arts. 5, 26, 29 inc.3º, 40, 41, 45, 55, 119 último párrafo en función del 1er párrafo inc. b) del mismo artículo y 125 1er párrafo del Código Penal”. La condena penal quedó firme.

En la causa civil, la jueza de primera instancia declaró aplicables las normas del Código Civil derogado, resolviendo hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por el demandado, por haber transcurrido el término de dos años del artículo 4037.

La actora y la Asesora de Menores apelan y piden “la revocación de lo decidido, toda vez que la Sentenciante toma como punto de inicio para el cómputo del plazo de la prescripción bienal, la fecha del hecho y no la del dictado de la sentencia condenatoria por haberse cometido un delito, por lo que el término no se habría cumplido al promoverse la acción de daños y perjuicios.” (la negrita es nuestra)

En la Alzada, la vocal preopinante es la Dra. Ludueña quien comenzó por pronunciarse por la aplicación del Código Civil derogado al caso, dado que se encontraba vigente al momento de consumación del ilícito, “por encontrarse la situación jurídica consolidada al amparo del mismo…”.

A continuación, la camarista destaca que “(l)a Sra. Juez a-quo computa el plazo de dos años del artículo 4037 del Código Civil, desde la fecha del hecho denunciado en sede penal, de modo tal que, a la fecha del inicio de la demanda por daños y perjuicios concluye que se ha cumplido aquel plazo, por lo que resuelve hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por el demandado. No le asiste razón.(la negrita es nuestra)

Al respecto, la vocal recuerda que la prescripción comienza a correr desde el momento en que el acreedor tiene expedita su acción y es evidente, que antes de ese momento, no puede empezar a correr el término, desde que la misma se funda en la inacción del acreedor y no hay inacción si ha mediado la imposibilidad de accionar judicialmente…”  (la negrita es del original)

En ese sentido, (r)eiteradamente ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que “cuando la ilicitud debe resultar de una previa decisión judicial, el término de prescripción sólo puede comenzar a partir de la fecha en que la sentencia que así lo declare ha pasado en autoridad de cosa juzgada…” (la negrita es nuestra)

Además, “(u)na de las características de la prescripción es su interpretación restrictiva, es decir que, en caso de duda acerca de si una prescripción se encuentra o no cumplida, debe estarse por la subsistencia de la acción, se debe tener a la obligación como civilmente subsistente. Tanto más cuando están en juego derechos de personas en situación de vulnerabilidad (niños y adolescentes) y lo que es fundamental, su derecho a la dignidad y a la integridad personal de raigambre constitucional.” (la negrita es del original)

En el presente caso, “…como la ilicitud debe resultar de una previa decisión judicial, el término sólo puede comenzar a correr a partir de la fecha en que la sentencia que así lo declare ha pasado en autoridad de cosa juzgada, en el caso, el 14 de agosto de 2012. Por lo que al 2 de mayo de 2013 –…fecha de inicio del reclamo resarcitorio, el plazo de prescripción de la acción civil no se ha cumplido…” (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio, por unanimidad se revoca el fallo apelado, rechazando la excepción de prescripción interpuesta, debiendo darse curso al desarrollo del proceso según su estado.

 

EL TEMA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

El CCC contiene una disposición específica para este tipo de casos: 

“ARTICULO 2561.- Plazos especiales. El reclamo del resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas a personas incapaces prescribe a los diez años. El cómputo del plazo de prescripción comienza a partir del cese de la incapacidad.”