El Anteproyecto fue realizado por una Comisión integrada por los Dres. Carlos Alfredo Hernández –en calidad de integrante y coordinador- , Gabriel Alejandro Stiglitz, Fernando Blanco Muiño, María Eugenia D’archivio, Maria Belén Japaze, Leonardo Lepíscopo, Federico Alejandro Ossola, Sebastián Picasso, Cósimo Gonzalo Sozzo, Carlos Eduardo Tambussi, Roberto Vázquez Ferreyra y Javier Hernán Wajntraub. VEA O DESCARGUE EL ANTEPROYECTO Y SUS FUNDAMENTOS

El Anteproyecto fue elevado a los Ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Producción y Trabajo el 6 de diciembre de 2018. El mismo plantea una reforma integral de la materia, propone la derogación de la ley 24.240, cuenta con 186 artículos y  se divide en seis Títulos:

* “Sistema de protección del consumidor”

* “Protección contractual del consumidor”

* “Usuarios de servicios públicos domiciliarios”

* “Daños al consumidor. Prevención del daño, responsabilidad y sanción punitiva”

* “Diseño institucional”

* “Disposiciones finales”

A su vez, los títulos cuentan con diferentes Capítulos, y en ocasiones éstos se dividen a su vez en Secciones.

Según se lee en sus Fundamentos, “(l)a metodología seguida tiene diferentes propósitos.

Busca construir una teoría general, ordenando los elementos centrales del “Sistema de protección del consumidor” –relación de consumo, principios, derechos, deberes y diálogo de fuentes-, para luego ingresar a aquellos ejes que hacen a la transversalidad del Derecho del Consumidor, como el régimen de los contratos, los servicios públicos domiciliarios, los daños y la tutela procesal y administrativa.

Asimismo, propende a articular reglas y principios, a fin de responder a la complejidad del siglo XXI, caracterizado por la globalización, la revolución tecnológica y la flexibilidad de las instituciones y de los paradigmas. En este sentido, la propuesta se encuentra claramente en línea con el modelo emergente del CCC, elaborado a partir del Anteproyecto de 2012 por los Dres. Ricardo L. Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, y coordinada por el Dr. Federico De Lorenzo.

Entre los antecedentes y fuentes principales, se destaca como punto de partida a la LDC –con sus diferentes reformas-, a fin de preservar la valiosa tradición jurídica que la misma ha generado en estas dos décadas y media de vigencia.

A ella se agregan:

– Las “Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor”, revisadas y aprobadas por la Asamblea General en su resolución 70/186 del 22 de diciembre de 2015;

– Las normas desarrolladas en los sistemas de integración, como el del MERCOSUR y de la UNIÓN EUROPEA;

– Diferentes recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE);

– La normativa de protección del consumidor latinoamericana, tales como el Código de “Defesa do Consumidor” del Brasil, y el de “Protección y defensa del Consumidor” de Perú; la Ley 19.496 sobre “Normas de Protección de los Derechos de los Consumidores”, de Chile; la Ley 1.334 de “Defensa del Consumidor y del Usuario” de Paraguay; la Ley 17.250 sobre “Relaciones de Consumo. Defensa del Consumidor” de Uruguay; y la 453 de “Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores” del Estado Plurinacional de Bolivia, entre otras;

– Normas especiales de países europeos, tales como el Código del Consumo italiano, Code de la Consommation, el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de España (Real decreto Legislativo 1/2007), entre otras;

– Las leyes Nacionales: 26.378, “Convención de Personas con Discapacidad”; 26.485, “Sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”; 26.687, “Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco”; 27.442, “Defensa de la Competencia”; 27.360, “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”; entre otras. También han sido consultadas diversas leyes provinciales referidas a la materia;

La Comisión ha ponderado especialmente la doctrina judicial consolidada en estas últimas décadas, en particular la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la doctrina autoral, individual y colectiva; esta última expresada en las recomendaciones o conclusiones de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil y del Congreso Argentino de Derecho del Consumidor.”