La Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata condenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar al actor la suma $80.000, más intereses, en concepto de daño extrapatrimonial, por haber faltado a los deberes de seguridad e información e incluir indebidamente al actor en la central de deudores del sistema financiero en el Banco Central de la República Argentina.  VEA O DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

Así se resolvió en los autos “Mármol Carlos Eduardo c/ Banco de la Pcia. de Buenos Aires s/ daños y perj. incumplimiento contractual (sin resp. Estado)” – (CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE MAR DEL PLATA – SALA TERCERA, 18/12/2018)

La actora apeló la sentencia de primera instancia, donde se decidió rechazar la demanda que pretendía la eliminación de los erróneos registros de la base de datos del Banco Central de la República Argentina, por considerar que no se ha verificado en autos un obrar antijurídico por parte de la entidad demandada.

La apelante expone que de los escritos de contestación de demanda surge que la operatoria ofrecida por el banco era de cumplimiento imposible, sabiendo o debiendo saber la entidad bancaria que la liquidación por parte de ANSES del dinero retenido a los beneficiaros de pensiones no iba a poder cumplir las fechas y plazos establecidos y así evitar que fueran incluidos en la central de deudores del sistema financiero en el Banco Central de la República Argentina.

Sostiene que tratándose de una relación de consumo, el banco demandado viola su deber de seguridad, constituyendo ello un obrar antijurídico suficiente como presupuesto de la responsabilidad civil.

En segundo lugar, se agravia de la falta de tratamiento del reclamo referido al daño moral y entiende que la sola errónea incorporación de su parte en el registro de deudores implica lesionar sus sentimientos, afecciones y tranquilidad anímica, constituyendo un daño que surge in re ipsa y cuya existencia debe presumirse.

Para la vocal preopinante, Dra. Zampini, “el eje de la controversia se centra precisamente en la calificación que cabe otorgar a la información que, en relación al cumplimiento de las obligaciones crediticias del actor, el Banco de la Provincia de Buenos Aires reconoce haber remitido al B.C.R.A., puesto que el accionante alega que mensualmente se efectuaba el descuento en sus haberes destinado a la cancelación del crédito, configurando un obrar antijurídico de la entidad financiera su inclusión en el registro de deudores. 
La accionada afirma que la misma fue exacta implicando ello que su parte carece de responsabilidad, postura defensiva que tuvo una favorable recepción en la sentencia recurrida.”

Para la magistrada, “(d)el análisis de la prueba producida surge que la operatoria consistía en la autorización (mandato) que el accionante confería a la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación para descontar de la pensión otorgada el importe de la cuota adeudada” y luego efectuar la transferencia de este importe al Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La camarista destaca que “(c)on el resultado de tal operatoria se han registrado atrasos en los pagos efectuados al Banco de la Provincia de Buenos Aires…, y éste informó la situación del deudor de conformidad con las Circulares “A” 2729, 2930, 3241 y ccdtes. del B.C.R.A….”

En otras palabras, la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación transfería con atraso las cuotas del crédito al Banco de la Provincia de Buenos Aires y por eso el actor/deudor, quedaba en mora. El Banco de la Provincia de Buenos Aires informaba esta situación a los registros de la base de datos del Banco Central de la República Argentina y el actor quedaba informado como moroso sin tener conocimiento de la situación ni poder hacer nada para remediarlo.

Por eso, considera la Dra. Zampini que “…la institución bancaria debió informar al usuario del servicio financiero que se presentaron circunstancias que tornaron operativa la opción prevista en la cláusula adicional del mutuo suscripto por las partes: “…en hipotético supuesto que, por cualquier causa, los mismos no pudieran efectivizarse, a abonarlos en efectivo, en tiempo oportuno y en el domicilio del Banco:…., sin necesidad de interpelación alguna”

Expresa la jueza que “(d)ebemos tener en cuenta que hay una desigualdad jurídica, dada la posición dominante del sistema bancario, y una desigualdad en conocimiento por parte de los usuarios del sistema, de ahí nace con claridad el deber de informar de raigambre constitucional.
Con el correr del tiempo se ha generado en torno a los bancos un plexo de actividades complejas, muchas veces sofisticadas y de riesgos cruzados. Ello sitúa el rol de la entidad bancaria demandada en una función especializada que se despliega profesionalmente como garante de las actividades económicas que se realizan por su intermedio, en cuyo cumplimiento debe extremar los cuidados requeridos por los intereses que le han sido confiados….”

En el caso concreto, “el control del ingreso efectivo del importe de la cuota en el banco se encontraba fuera de las posibilidades del actor.
En efecto, del contrato de mutuo suscripto por el accionante no emana obligación alguna en cabeza de éste respecto a controlar el efectivo ingreso de la cuota a su destinatario final, es decir al banco demandado, limitándose la opción de abonar las cuotas mediante el descuento de haberes o pagar las mismas en el domicilio de la entidad bancaria… 
Por lo tanto, cualquier deficiencia en el funcionamiento de estas estructuras no puede causarle un perjuicio al usuario del servicio -vgr. pasando a encontrarse en un registro de deudores de carácter público-, pues éste sólo se limita a cumplir su compromiso a través del sistema de retención de sus haberes. Todo lo expuesto se traduce en la obligación del banco de mantener incólumes sus derechos, actuando de buena fe y brindando siempre una adecuada información (art. 3, 4 y 37 de la LDC).”

Por lo tanto, “le asiste razón a la parte actora, al haber infringido la demandada el deber de seguridad, incumpliendo con los deberes de buena fe que prima en materia contractual, cooperación y diligencias debidas según la naturaleza de la obligación contratada (arts. 4, 37 y ccdtes. LDC, 1071 del Código Civil). En definitiva, encontrándose acreditada la antijuridicidad de tal conducta –violación al deber de seguridad-, teniendo en consideración la profesionalidad del banquero, entendiendo que la injustificada inclusión en un registro de deudores es según el curso normal y ordinario de las cosas idónea como fuente generadora de daños y siendo que como se expondrá al ingresar en el tratamiento de los rubros indemnizatorios existen daños resarcibles causados por la conducta de la demandada, corresponde hacer lugar a la demanda planteada por el Sr. Carlos Eduardo Mármol contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires con los alcances que se darán al ingresar en la consideración del resarcimiento de daños invocados…” (la negrita es nuestra)

DAÑO EXTRAPATRIMONIAL

Respecto de la existencia del daño moral, se señala que “…la indebida inclusión en los registros de deudores con las consecuencias disvaliosas para la vida de relación, la posibilidad de crédito y giro comercial del cliente, necesariamente provoca de ordinario una perturbación de la tranquilidad y la paz de espíritu que debe ser indemnizada… A ello cabe agregar que en el caso particular de autos nos encontramos frente al reclamo efectuado por un consumidor quien por su particular condición de parte débil, que no sólo se evidencia al momento de contratar sino también cuando debe efectuar un reclamo por deficiencias del producto o servicio prestado por el proveedor, se encuentra ante un panorama de mayores angustias al saberse en inferioridad de condiciones ya sea patrimoniales o informativas para lograr obtener la reparación del perjuicio sufrido...” (la negrita es nuestra)

Acerca de la cuantificación de dicho daño, “…teniendo en cuenta las pruebas descriptas, valoradas a la luz de las reglas de la sana crítica, el principio de reparación integral, lo dispuesto por el art. 165 “in fine” del CPC y considerando a su vez que la cuantificación del daño ha quedado supeditada a lo que en más o menos determine el juzgador, estimo que este parcial debe admitirse a valores actuales por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000), con más los intereses…”

MANDATO PREVENTIVO

Además, “…haciendo aplicación de lo dispuesto por los arts. 1710/1712 del Codigo Civil y Comercial de la Nación, y más específicamente de su art. 1713, considero propicio incluir…un “mandato preventivo” dirigido al Banco de la Provincia de Buenos Aires, asumiendo el rol que me corresponde como magistrada en torno a procurar evitar daños, también llamada “función preventiva de daños”…. 
En el caso particular que aquí nos toca resolver advierto una circunstancia que no puedo pasar por alto: el cliente que pidió el préstamo al Banco es una persona que recibe una pensión en su condición de ex-combatiente de Malvinas y no surgiendo de autos que el Sr. Mármol se dedique a alguna actividad empresarial o remunerativa, me permite inferir que la pensión es su principal fuente de ingresos.
Ello, en mi opinión, expone al cliente a cierto estado de vulnerabilidad, más aún cuando su participación en la contratación no es mucho más que la de un espectador que suscribe aquellos documentos o formularios que le ponen ante sí como condición para contar con el dinero que requirió en préstamo. O, peor aún, debe operar “electrónicamente” para realizar algunas gestiones propias de la contratación…(e)n mi experiencia, a partir de la oferta masiva por medios televisivos o radiales, los contratos como el que aquí nos convoca, resultan, para personas de bajos recursos, un medio de acceso rápido al crédito para la adquisición de bienes o servicios, por lo que es en estos supuestos en los que las entidades bancarias deben extremar los cuidados que, por su profesionalidad, están claramente a su alcance, de modo que no puedan reeditarse situaciones como la que tuvo que atravesar el Sr. Mármol.”  (la negrita es nuestra)

En concreto, la magistrada propuso “un “mandato preventivo” mediante el cual se haga saber al Banco de la Provincia de Buenos Aires que, aún cuando en el texto de los contratos de préstamo (específicamente aquellos en los que la modalidad de percepción de la cuota sea retención directa de los haberes jubilatorios o pensiones) se encuentre inserta una cláusula que disponga, ante la imposibilidad de percibir la cuota del préstamo, la asunción del depósito o pago inmediato por el mutuario, no se lo considere en situación de “mora” (lo que implicaría, de modo inmediato, la comunicación al BCRA), hasta tanto se lo notifique fehacientemente de la imposibilidad de efectuar la retención en los sucesivos “barridos” que se hayan intentado, y por consiguiente, que deberá proceder a abonar por ventanilla (arts. 1710, 1711, 1712, 1713 y ccdtes. del nuevo Código Civil y Comercial).”  (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio, “…se revoca la sentencia….condenando al Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar al actor la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000), con más los intereses a calcularse al 6% desde la mora -27/4/2006- hasta el dictado de la presente sentencia y, a partir de allí, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a treinta días (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 153582 RSD 118/18 del 10/7/2018), cayendo en abstracto la pretensión que se elimine todo dato suministrado al B.C.R.A. respecto del actor, con costas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.); 
….Como mandato “preventivo”, se hace saber al Banco de la Provincia de Buenos Aires que, aún cuando en el texto de los contratos de préstamo (específicamente aquellos en los que la modalidad de percepción de la cuota sea retención directa de los haberes jubilatorios o pensiones) se encuentre inserta una cláusula que disponga, ante la imposibilidad de percibir la cuota del préstamo, la asunción del depósito o pago inmediato por el mutuario, no se lo considere en situación de “mora” (lo que implicaría, de modo inmediato, la comunicación al BCRA), hasta tanto se lo notifique fehacientemente de la imposibilidad de efectuar la retención en los sucesivos “barridos” que se hayan intentado, y por consiguiente, que deberá proceder a abonar por ventanilla (arts. 1710, 1711, 1712, 1713 y ccdtes. del nuevo Código Civil y Comercial);..”

Dr. Jorge Oscar Rossi