Mediante el decreto 118/2019 se puso en vigencia la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF). Este no es otro que el sancionado bajo la ley 27.063 en 2014 (con algunas modificaciones) siendo una de las primeras medidas del gobierno nacional entrante en 2015, el diferimiento de su aplicación en ámbito nacional y federal.

Con el CPPF se da respuesta a las exigencias que los procesalistas y los constitucionalistas reclamaban respecto del sistema inquisitivo mixto, anacrónico y vetusto vigente, amoldando el proceso a los requerimientos de los tratados internacionales, poniéndose en sintonía no solo con los nuevos procedimientos penales imperantes en Latinoamérica, sino también, colocándolo a la par de otros códigos de procedimiento dentro de nuestro país, como el de la Provincia de Buenos Aires o el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aunque parezca una paradoja, antes dos ciudadanos podían estar imputados, uno en jurisdicción federal y otro en la provincial y gozar el segundo de más garantías procesales que el primero, ello en virtud del desdoblamiento de las funciones de investigación y juzgamiento que en Nación no existía, por lo menos en la primera etapa del proceso. Se exigía una transformación que separara esas dos funciones que estaban en la cabeza del juez de instrucción. A ese requerimiento responde el CPPF. Será el Fiscal ahora el que en un proceso de estructura desformalizada desempeñara la función de investigar y acusar.

Este proceso acusatorio llamado así por la independencia entre la función investigar, acusar y decidir, a efectos de garantizar la imparcialidad, se basa en los principios de: contradicción, inmediación, oralidad, celeridad, publicidad, concentración y simplicidad.

Estos principios que el CPPF consigna en su art. 2, son los pilares de este tipo de procedimientos. La oralidad y la inmediatez porque se deja de lado el proceso netamente formal y escrito y será en audiencias públicas, donde las partes expondrán su razones y fundamentos respecto a las medidas de coerción como también al mérito de las pruebas; y es en esa audiencia que el juez –quien debe estar presente bajo pena de nulidad- luego de escuchar a las partes interesadas adoptará una resolución y dará razón objetiva de la misma. En este punto se incorpora al procedimiento a la víctima otorgándole un espacio donde realizar sus manifestaciones respecto de la libertad del imputado y a las formas alternativas de terminación del proceso.

En relación a la celeridad, el CPPF estructura un proceso más ágil y rápido. Ello a consecuencia de la desformalización estableciendo en principio un período de tres años para el dictado de una sentencia con la intención manifiesta de acabar con procesos que con el vejo código duran décadas.

La contradicción, garantiza que toda la prueba utilizada para la convicción judicial haya sido desplegada a la presencia del acusado y su defensa letrada, posibilitando su contradicción directa, dirigiendo al testigo o perito cuantas preguntas sean de interés a la tesis defensiva.

El nuevo ordenamiento que en principio se aplicara en Salta y Jujuy para progresivamente trasladarse al resto del país, incorpora leyes sancionadas por el Congreso en los últimos dos años tales como la de flagrancia, de ejecución de la pena privativa de la libertad, de responsabilidad penal empresaria y de técnicas especiales de investigación incorporando también la figura del arrepentido.

La norma está, el Nuevo Código esta en vigencia y las garantías están receptadas. Que el mismo sea un realidad dependerá de los recursos que el estado destine a su implementación, de mentalidad que puedan adaptar gran parte de los operadores judiciales acostumbrados al viejo proceso, y también en gran medida a los abogados defensores quienes, ejerciendo una defensa activa, harán que las garantías se respeten.