Certificado de saldo deudor y aplicación temporal del nuevo Código

En una ejecución de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, la Cámara Civil y Comercial de San Isidro revocó la decisión que exigía al banco actor que acompañara un certificado de saldo deudor expedido en los términos del art. 1406 del Código Civil y Comercial. El Tribunal destacó que el certificado fue emitido durante la vigencia del Código de Comercio, por lo que es esa norma la que rige las formalidades exigibles al título. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
Así lo dispuso el pasado 26 de mayo la Sala I, en los autos "BBVA B. F. S.A. C/ F. GIANNI A. G. S/ COBRO EJECUTIVO"

La resolución de primera instancia requirió de la actora que acompañara un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria expedido en los términos del art. 1406 del Código Civil y Comercial (CCC).

Esta resolución fue apelada por la actora por vía subsidiaria de la revocatoria denegada. La recurrente alega que no resulta aplicable la nueva normativa sin perjuicio de reconocer que se trata de una relación de consumo.

Cabe destacar que el presente caso trata de la ejecución, iniciada el 28 de marzo de 2016 de un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria del 29 de agosto de 2013, es decir emitido bajo el régimen del art. 793 del Código de Comercio.

Comparemos los requisitos exigidos para la confección del certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria por el art. 793 del Código de Comercio y por el 1406 del CCC:

“Art. 793 Código de Comercio….

Las constancias de los saldos deudores en cuenta corriente bancaria, otorgadas con las firmas conjuntas del gerente y contador del banco serán consideradas títulos que traen aparejada ejecución, siguiéndose para su cobro los trámites que para el juicio ejecutivo establezcan las leyes de procedimientos del lugar donde se ejercite la acción.”

 

“ARTICULO 1406 CCC.- Ejecución de saldo. Producido el cierre de una cuenta, e informado el cuentacorrentista, si el banco está autorizado a operar en la República puede emitir un título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por dos personas, apoderadas del banco mediante escritura pública, en el que se debe indicar:

a) el día de cierre de la cuenta;
b) el saldo a dicha fecha;
c) el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista
.

El banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título.”

En la Alzada, el Tribunal integrado por los Dres. Ribera y Krause, en relación a la aplicación temporal del CCC, señalan que, si bien “el art. 7 C.C.C.N. innova al establecer una excepción en materia de las relaciones de consumo”, dado que establece que “a los contratos en curso de ejecución no le son aplicables las nuevas leyes supletorias, excepto el caso de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”, dicha excepción no es aplicable al caso en estudio, dado que “la ejecutante emitió un certificado de deuda de cuenta corriente bancaria conforme lo disponía la ley mercantil vigente en aquel momento (art. 793 del C.Com.), motivo por el cual las formalidades exigibles al título son las del momento de su confección.” (la negrita es nuestra)

Dicho de otra manera, la regla del art. 7 CCC sigue siendo la misma que la que surgía del art. 3 del Código Civil derogado: Las nuevas leyes se aplican de manera inmediata a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, pero “no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario”.

Por lo demás, agregan los camaristas, no se advierte que la exigencia de la emisión de un nuevo certificado pueda considerarse como más favorable al consumidor, como lo establece el citado art. 7, por ello interpretamos que el recurso es procedente.”

Por lo anterior, se revocó la decisión que requería a la actora que acompañara un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria expedido en los términos del art. 1406 del CCC.

Dr. Jorge Oscar Rossi

 

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009


El nuevo Código y la tasa activa para las ejecuciones de honorarios

En una ejecución de honorarios, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul revocó la sentencia que ordenaba liquidar los intereses moratorios a la tasa pasiva y dispuso que se aplique la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento, tal como lo establece el art. 54 inc. b) del decreto-ley 8904/77. El Tribunal consideró que la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense en la causa “Isla” fue modificada por la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial que, entre otras prescripciones, establece, por un lado, la aplicación de la tasa activa en el caso de obligaciones alimentarias y, por otro, la de las tasas “que dispongan las leyes especiales”, como es el caso de la tasa prevista en el citado decreto-ley. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
Así lo decidió la Sala II, en los autos "RODRÍGUEZ NÉSTOR GABRIEL C/ RIVAS, IVANA LUJÁN S/ COBRO EJECUTIVO”.

La sentencia de Primera Instancia hizo lugar a la demanda ejecutiva por cobro de honorarios promovida por el Dr. Néstor Gabriel Rodríguez y mandó llevar adelante la ejecución condenando a Ivana Luján Rivas a pagar la suma de $3.242, con más los intereses, fijados a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a 30 días realizados por medio del sistema BIP (Banca Internet Provincia).

Sobre éste último punto –que constituye el objeto del recurso interpuesto por el actor- la sentencia de gradotuvo especialmente en cuenta el cambio de jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires, a partir de la causa A 71.170 del 10/6/2015 (causa “Isla”), en la que se decidió que la tasa activa prevista en el art. 54 inc. b del decreto ley 8904/77 constituye un mecanismo encubierto de actualización monetaria prohibido por la ley 23.928.

En la Alzada, el vocal preopinante fue el Dr. Galdós, quien comenzó por señalar que comparte el criterio “propiciado por distintos tribunales provinciales que entienden que la sanción del Código Civil y Comercial modificó la doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires sustentada en la causa “Isla” que dispuso –por mayoría- que el art. 54 inc. b del decreto ley 8904/77 (que fija la tasa activa para las deudas por mora en el pago de los honorarios profesionales de los abogados) queda desplazado por la ley de convertibilidad y corresponde acudir a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. En efecto la sanción del CCCN -que admite la tasa activa para distintas obligaciones (por caso, la obligación de pagar alimentos; art. 552 CCCN)- conlleva la modificación de esa doctrina y ahora no puede continuar afirmándose que la previsión normativa del art. 54 inc. b del citado decreto importa vulneración de la prohibición de indexar o actualizar los créditos, conforme lo prevé el art. 7 de la ley 23.928.” (la negrita es nuestra)

El citado art. 552 prescribe que Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso.”

Por otro lado, “el art. 7 CCCN sienta el principio de la aplicación inmediata de la ley nueva, y partiendo del distingo entre los hechos constitutivos de las relaciones jurídicas y los efectos o consecuencias de las relaciones jurídicas (y a su vez, diferenciando los efectos ya agotados de los efectos en curso), consagra la regla de que la “ley nueva rige a partir de su sanción, por lo que se aplica para el futuro, para “adelante” en el tiempo; pero la ley nueva también alcanza y comprende los efectos no agotados (“La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, La Ley 2015-F, 867 y “El art. 7 CCCN y algunas reglas de derecho transitorio en materia de responsabilidad civil”, Rubinzal - Culzoni online, RC D 5/2016 de mi autoría).

En lo relativo a la tasa de interés es de aplicación inmediata la ley nueva, entendiéndose incluso que “los intereses devengados durante el imperio del Código Civil se rigen por esa ley anterior y los que sean a partir del 1 de agosto de 2015 estarán alcanzados por las previsiones contenidas en el Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994, dado que constituyen consecuencias de una situación jurídica anterior –art. 7 CCCN- lo que excluye la posibilidad de considerar que media un derecho adquirido y que, por tanto, su eventual modificación por la nueva ley es susceptible de afectar el derecho de propiedad” (la negrita es nuestra)

Por lo anterior, “la aplicación inmediata del nuevo Código Civil y Comercial importa la expresa admisión de la tasa activa de intereses para las obligaciones alimentarias y la acumulación o capitalización de intereses cuando se demanda judicialmente o se liquida judicialmente la deuda (arts. 552 y 770 CCCN),…” (la negrita es nuestra)

En conclusión, para el preopinante, “se desprende de la interpretación sistémica del nuevo Código Civil y Comercial (arts. 2, 3 y 7 CCCN) que la determinación de la tasa activa como tasa de intereses moratorios fijados por la ley especial (en el caso, según lo prescribe el art. 54 inc. b del decreto ley 8904/77, la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de descuento) no reviste en la actualidad, y en abstracto, la naturaleza jurídica de "plus" o componente monetario que importe la indexación o actualización monetaria prohibida por el art. 7 de la ley 23.928.” (la negrita y el subrayado es nuestro)

Cabe agregar que el CCC, en su art. 768 establece que A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina:…b) por lo que dispongan las leyes especiales;…”, como sería el caso de la tasa prevista en el art. 54 inc. b del decreto ley 8904/77 (Ley provincial arancelaria para las profesiones de abogados y procuradores)

Siendo compartido este criterio, se resolvió revocar la sentencia recurrida en cuanto fijó la tasa pasiva de intereses que por medio del sistema “BIP” paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, debiendo aplicarse la tasa legal del art. 54 inc. b decreto-ley 8904/77.

 

Dr. Jorge Oscar Rossi

 

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009


Inembargabilidad de la vivienda única: ¿Convencionalidad versus constitucionalidad?

 

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata confirmó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432, que establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable. El voto mayoritario consideró que “la ley 14.432 –al margen del esfuerzo de los legisladores locales por concretar los alcances de la “protección a la vivienda” reconocidos en tratados de rango constitucional- es inconstitucional por haber emanado de un órgano no habilitado por el derecho interno para dictarla. Lo mismo correspondería decir, por ejemplo, si la encomiable disposición (en plena concordancia con el contenido de los tratados) surgiera de un Decreto del Poder Ejecutivo, en franca violación a la función administrativa que le es propia…”. En cambio, el voto en disidencia destacó que “la validez de la norma en crisis deberá juzgarse indefectiblemente bajo el prisma de un estricto control no sólo de constitucionalidad sino, y por sobre todo, de convencionalidad”, es decir, “el procedimiento de comparación entre los tratados internacionales a los que se ha plegado la nación y sus normas internas…”. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
Así lo resolvió la Sala Tercera, en los autos "CITIBANK N.A. C/ BOZZOLO, PEDRO JOSE S/EJECUCION HIPOTECARIA"

En primera instancia se resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley N° 14.432.

Para así decidir, consideró, tomando en cuenta lo decidido por la C.S.J.N. en la causa “Banco de Suquia S.A. c/ Tomassini, Juan Carlos”, que la ley 14.432 invadió las facultades expresamente delegadas al Congreso Nacional por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, al no tratarse de una norma de seguridad social sino de fondo o de derecho común, a la par de encontrarse la cuestión regulada por la ley 14.394 de bien de familia.

Cabe destacar que la ley provincial 14.432 establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular (art. 2), siempre que constituya el único inmueble del titular destinado a vivienda y de ocupación permanente, y que guarde relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere, (art. 3). Esta condición de inmueble “inembargable e inejecutable” no será oponible respecto de deudas originadas en:

a) Obligaciones alimentarias.

b) El precio de compra-venta, construcción y/o mejoras de la vivienda.

c) Impuestos, tasas, contribuciones, expensas que graven directamente la vivienda.

d) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única. (art. 5).

Dicho pronunciamiento es apelado por el ejecutado.

En la Alzada, la vocal preopinante es la Dra. Zampini. Para esta magistrada, “la validez de la norma en crisis deberá juzgarse indefectiblemente bajo el prisma de un estricto control no sólo de constitucionalidad sino, y por sobre todo, de convencionalidad”, es decir, “el procedimiento de comparación entre los tratados internacionales a los que se ha plegado la nación y sus normas internas…” (la negrita es nuestra)

En cuanto “a los principios rectores que inexorablemente deberá tener presente el juzgador al realizar el control de convencionalidad, recuerdo que éstos son el denominado “pro homine” y el de “progresidad”, en tanto ambos son las piedras angulares del sistema de protección de derechos reconocidos en los tratados internacionales (argto. doct. Alberto J. Lucchetti “Los jueces y algunos caminos del control de convencionalidad” publicado en obra comunitaria coordinada por Susana Albanese “El control de convencionalidad”, Ed. EDIAR, 1era. edición, Bs. As., 2008, pág. 148).

La importancia de tales principios reside en que mientras el principio “pro homine” conmina a efectuar una interpretación de las normas contenidas en los tratados internacionales del modo más beneficioso al ser humano, el principio de “progresividad” implica el compromiso de los estados partes de adoptar medidas progresivas de protección de los derechos reconocidos convencionalmente, a la par de impedir el dictado de medidas o políticas regresivas, es decir, que empeoren la situación de los beneficiarios de tales derechos…” (el subrayado es nuestro)

Por otro lado, para la Dra. Zampini, no existe obstáculo legal que impida que las provincias dicten normas de protección de la vivienda familiar.”

“Ello así, en el entendimiento que hace a la esencia del paradigma de la supremacía convencional que el derecho común deba actuar como desarrollador y custodio de los derechos humanos y, por lo tanto, la potestad del estado federal para el dictado de normas que atiendan tales fines no es única ni excluyente sino que configura un piso mínimo homogeneizador que puede ser ampliado por los ordenamientos locales (argto. doct. Andrés Gil Domínguez “Supremacía convencional, inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda adecuada y derecho común: una mirada distinta”, publicado en La Ley del 18-02-2014).” (la negrita es nuestra)

En conclusión, “teniendo en vista que los postulados y fines emergentes de la ley 14.432 resultan en un todo consonantes con lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales nuestro país es parte, a la par, de haber sido dictada por la Provincia de Bs. As. dentro de sus atribuciones convencionales y, siendo analizada la cuestión desde la hermenéutica de la “interpretación conforme” –cuyo objeto es compatibilizar las normas internas con las convencionales-, considero que la ley N° 14.432 se ajusta a los parámetros constitucional y convencionalmente requeridos para su validez (art. 14 bis y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 36 inc. 7) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 11 pto. 1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; argto. doct. Juan Carlos Hitters “Control de convencionalidad (adelantos y retrocesos)”, publicado en La Ley del 11-03-2015).

Por los fundamentos dados considero que debe hacerse lugar al recurso interpuesto y revocarse, en consecuencia, la sentencia recurrida debiendo el a quo adoptar las medidas pertinentes para el cumplimiento en el presente caso del régimen de inembargabilidad e inejecutabilidad previsto en la ley 14.432.” (la negrita es nuestra)

Sin embargo, el voto que hizo mayoría fue el del segundo vocal, Dr. Gérez, a quien adhirió el tercer integrante del Tribunal, Dr. Rosales Cuello.

Para el Dr. Gérez, “la cuestión traída a revisión se ciñe a determinar si ha sido correcta la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la instancia de origen.”

Al respecto, “los argumentos dados por el juez de grado…podrían resumirse en dos pilares independientes: a) el primero se apoya en la calificación de la materia tratada en la ley provincial Nº 14.432 como norma de derecho “común” y, por consiguiente, delegada al Congreso de la Nación, con cita expresa del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional; b) por ya encontrarse regulada la cuestión en la ley de “Bien de Familia” (ley nacional 14.394). (la negrita es nuestra)

En ese sentido, “…la calificación como “materia de derecho común” (por oposición a las que se denominan como normas de derecho local o procesal), está fuera de toda discusión.

Las disposiciones normativas contenidas en la mencionada ley traslucen una restricción sobre el “patrimonio como prenda común de los acreedores”, excluyendo de toda posibilidad de agresión a la vivienda única del deudor, por lo que es indudable que ello constituye una norma de derecho “común”, en tanto versa sobre la responsabilidad patrimonial del deudor. Visto así, su naturaleza “obligacional” la coloca en el rango de las normas cuyo dictado compete al Congreso de la Nación, cuya exclusividad ha sido reiteradamente sostenida por el Máximo Tribunal de la Nación en su calidad de último intérprete de la Carta Magna…” (la negrita es nuestra)

Según este camarista, si bien es cierto, tal como lo sostiene la preopinante, “que a la luz de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, el Congreso Nacional debería efectuar una adecuación de las normas internas que amplíen la “protección de la vivienda”, otorgándole un alcance pleno como lo propone la ley 14.432, también lo es que la inacción del poder legislativo nacional no habilita la arrogación de dichas prerrogativas por parte de las legislaturas provinciales.” (la negrita es nuestra)

En definitiva, “la inconstitucionalidad de la ley 14.432 –al margen del esfuerzo de los legisladores locales por concretar los alcances de la “protección a la vivienda” reconocidos en tratados de rango constitucional- es inconstitucional por haber emanado de un órgano no habilitado por el derecho interno para dictarlaLo mismo correspondería decir, por ejemplo, si la encomiable disposición (en plena concordancia con el contenido de los tratados) surgiera de un Decreto del Poder Ejecutivo, en franca violación a la función administrativa que le es propia, o de las situaciones de emergencia, que lo autorizan a emitir normas de carácter general, propias del Congreso (art. 99, inc,. 3, de la Const. Nac.).” (la negrita y el subrayado es nuestro)

En cuanto “al segundo pilar argumental expuesto por el juez de grado (ya encontrarse regulado con la ley de Bien de Familia –régimen similar al hoy consagrado por los arts. 244 y ss. del CCyC-), entiendo que constituye materia desplazada, puesto que la inconstitucionalidad referida anteriormente, torna irrelevante cualquier observación al respecto.” (la negrita es nuestra)

Por lo tanto, por mayoría, se decidió rechazar el recurso interpuesto, confirmando, en consecuencia, la sentencia de primera instancia.

NOTA RELACIONADA: La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul confirmó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432, que establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable. El Tribunal recordó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual se sostuvo que “lo relativo a las relaciones entre el deudor y el acreedor y a la ejecución de los bienes del deudor constituyen cuestiones propias de la legislación federal, delegadas por las Provincias a la Nación”. La Cámara consideró que la solución no varía con la nueva regulación del tema, que surge de los arts. 244 y siguientes del Código Civil y Comercial, porque “los Estados provinciales pueden ensanchar los derechos individuales (y aún los colectivos)…siempre y cuando no se invada la esfera reservada al Congreso Nacional (art. 75, Constitución Nacional)”.

Dr. Jorge Oscar Rossi

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009

 


¿El Nuevo Código posibilita un cambio de tendencia jurisprudencial?: No solo el legislador nacional dispone cuáles bienes son inembargables

La Cámara Civil y Comercial de La Plata confirmó la sentencia que dispuso la suspensión de la subasta de un inmueble, con fundamento en la ley 14.432, según la cual todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular. Ante el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma, el Tribunal se apartó de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para hacerlo, entre otros fundamentos, aplicó el art. 244 del Código Civil y Comercial, por considerar que de este artículo se desprende que las provincias pueden establecer regímenes de inejecutabilidad de viviendas aún más favorables que los que dispone la normativa nacional, pues “el sentido del nuevo Código sustancial es ampliar las garantías, en consonancia con las que emanan de la Carta Magna federal y los Tratados Internacionales.” TEXTO COMPLETO DEL FALLO
Así lo resolvió la Sala Segunda, en los autos “H.M. C/ G.M.A. S/COBRO EJECUTIVO DE ALQUILERES”.

 

Se trata en el caso de un cobro ejecutivo de alquileres, en el que se ha ordenado la subasta de un bien inmueble de la fiadora, señora V.G. Esta última peticionó la suspensión de la subasta en virtud de lo prescripto por la ley 14.432, que declara inembargable e inejecutable a todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única y de ocupación permanente, salvo renuncia expresa del titular, conforme los requisitos de dicha ley (arts. 1, 2, ley 14.432).

En primera instancia se hizo lugar al pedido, disponiéndose la suspensión de la subasta ordenada con fundamento en lo normado por la ley 14.432.

 

Cabe destacar que la ley provincial 14.432 establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular (art. 2), siempre que constituya el único inmueble del titular destinado a vivienda y de ocupación permanente, y que guarde relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere, (art. 3). Esta condición de inmueble “inembargable e inejecutable” no será oponible respecto de deudas originadas en:

a) Obligaciones alimentarias.

b) El precio de compra-venta, construcción y/o mejoras de la vivienda.

c) Impuestos, tasas, contribuciones, expensas que graven directamente la vivienda.

d) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única. (art. 5).

 

La decisión es apelada por la ejecutante y, en la Alzada, la vocal preopinante es la Dra. Bermejo.

La apelante destaca que, en oportunidad de contratar, las partes se sujetaron a las normas constitucionales que rigen en la actualidad y que se encontraba vigente la ley 14.394. Agrega que al concertar el contrato de locación los suscribientes conocían sus obligaciones y que el principio de la buena fe objetiva apunta a una conducta de lealtad recíproca que debe acompañar el negocio en todas sus etapas. Expresa además que la ley 14.432 no puede afectar un contrato anterior ni a una fianza otorgada con previsiones inexistentes al momento de su otorgamiento. Refiere que el legislador provincial no calificó como retroactiva a la ley, ni estableció su aplicación a situaciones existentes antes de su sanción. Asimismo, plantea la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión, alegando que la citada ley 14.432 ha sido dictada por un órgano que carece de facultades para ello.

 

Para la preopinante, la cuestión jurídica a resolver en el presente es si la ley provincial 14.432, sancionada el 29 de noviembre de 2012 -destinada a la protección de la vivienda única y permanente, al establecer que la misma es inembargable e inejecutable- alcanza a proteger a la propiedad de la señora G.. El pronunciamiento atacado así lo ha entendido por apreciar cumplidos los requisitos que esa normativa dispone.” (la negrita es nuestra)

 

En primer lugar, corresponde abordar si esta legislación, dictada luego de la suscripción del contrato de locación…, afecta a la relación jurídica existente entre las partes.” (la negrita es nuestra)

 

Al respecto, recordó la magistrada que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que no es retroactiva la aplicación de la ley nueva al caso aun cuando resulte referida a una relación jurídica existente –nacida bajo el imperio de la ley antigua– si de ella sólo se alteran efectos que por producirse después de laentrada en vigencia del nuevo texto, no se encuentran al amparo de la garantía de propiedad (C.S., Fallos: 297:117).

Para que sea un derecho adquirido, será necesario que su titular haya cumplido -bajo la vigencia de la norma derogada o modificada- todas las condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular del derecho de que se trata, aún cuando falte la declaración formal de una sentencia o acto administrativo (Fallos: 296:723; 298:472; 304:871; 314:481,328:1381).” (la negrita es nuestra)

 

En el presente caso, “los presupuestos descriptos no han sido satisfechos. Ello así toda vez que por las características del derecho debatido no se ha consumado el crédito reclamado en el patrimonio del acreedor. A ello cabe reflexionar que, además, el inicio del proceso…, como el dictado de la correspondiente sentencia…, pedido y orden de subasta…acontecieron con posterioridad al dictado de la norma en cuestión (B.O. 28/12/12).

Incluso, cabe anticipar, por este fundamento, también son de aplicación a esta contienda las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación –ley 26.994- (art. 7, ley cit.).” (la negrita es nuestra)

 

Ahora bien, existen diversos precedentes que han declarado la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432, al igual que de otras normas similares emitidas por otras Provincias.

Así, la camarista recuerda que “esa ha sido la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Banco del Suquía S.A. c/ Juan Carlos Tomassini s/ P.V.E. - ejecutivo- apelación recurso directo” (sent. del 19-III-2002).

Ese Superior Tribunal recordó en ese fallo que “Desde sus primeros pronunciamientos esta Corte ha resuelto que las relaciones entre acreedor y deudor sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en el antiguo art. 67, inc. 11 (actual art. 75, inc. 12) de la Constitución Nacional (Fallos: 322:1050, considerando 7° y sus citas). Ello alcanza -obviamente- a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor (Fallos: 271:140, último considerando)”. (la negrita es nuestra)

 

En síntesis, la Corte Suprema juzgó en dicho precedente que determinar qué bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor -y cuáles, en cambio, no lo están- es materia de la legislación común, y, como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional, lo cual impone concluir que no corresponde que las provincias incursionen en ese ámbito. Ese poder ha sido delegado por ellas a la Nación al sancionarse la Constitución y esta distribución de competencias no podría alterarse sin reformar la Ley Fundamental. Con las ya citadas normas cordobesas se ha pretendido alterar ese diseño constitucional e invadir el terreno en el que corresponde a la Nación dictar las normas. Por eso debe declararse su

invalidez (art. 31 de la Constitución Nacional)”. (la negrita es nuestra)

 

Sin embargo, la vocal decide apartarse del precedente por los siguientes fundamentos:

 

Por un lado, “uno de los horizontes desde los que se debe observar la validez de la ley 14.432 es desde la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada en nuestra misma Carta Magna federal.” (la negrita es nuestra)

 

En ese sentido, el art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos focaliza sobre que los Estados Partes se comprometen a adoptar a nivel interno la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

Por consiguiente, cuando se analiza la Cláusula federal de la misma Convención, prevista en su artículo 28, tendiente a que sus disposiciones se cumplan en toda la extensión del territorio de los estados partes cuando ellos tengan una forma federal de gobierno, no pueden invalidar normativas que otorgan una protección más amplia por la circunstancia que no haya sido efectuada por el legislador pertinente.

Asumida la responsabilidad internacional del Estado argentino, éste debe garantizar el progresivo ejercicio de los derechos humanos, evitando eludirla aplicación de una ley por cuestiones de competencia legislativa (Gasparini, “Ejecución de la vivienda única: régimen legal de la provincia de Buenos Aires”, Publicado en: LLBA 2015, febrero).” (la negrita y el subrayado es nuestro)

 

Dada la importancia que la magistrada asigna al art. 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que extrae del mismo, nos permitimos transcribirlo:

 

Artículo 28. Cláusula Federal.

1. Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.

2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.

3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre si una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

 

Siguiendo con los fundamentos de la preopinante, en su opinión, “el segundo horizonte que lleva a reconsiderar la constitucionalidad de la norma es el creado con las pautas introducidas por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en protección de la vivienda.” (la negrita es nuestra)

 

En ese nuevo cuerpo jurídico, el legislador ha contemplado la protección de la vivienda familiar –ya sea conyugal o convivencial incluso- de diversas maneras. Una, dentro del marco de las decisiones que pueden tomarse dentro de la misma familia, exigiendo el asentimiento por el cónyuge o conviviente para ciertos actos –v.gr. los previstos en los arts. 250, 456 y sigs, 470, 522, entre otros-; otra, estableciendo la protección de la vivienda frente al ejercicio de derechos de terceros –arts. 244 a 256, CCCN-.

Es en este nuevo contexto que el artículo 244 expone que “Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales”. (la negrita y el subrayado es nuestro)

 

Para la magistrada, “la previsión por el legislador nacional de otras normativas que puedan dictarse habilita a que las Provincias puedan hábilmente legislar sobre ello. Justamente, no habría que interpretar restrictivamente esta posibilidad – reconociéndoselo sólo, por ejemplo, al Congreso de la Nación- cuando el sentido del nuevo Código sustancial es ampliar las garantías, en consonancia con las que emanan de la Carta Magna federal y los Tratados Internacionales. (la negrita es nuestra)

 

Siendo compartido este criterio, se resolvió confirmar la sentencia apelada.

 

NOTA RELACIONADA

 

Dr. Jorge Oscar Rossi

 

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009


Paradoja: El régimen de “pequeños concursos” no sirve para los verdaderos “pequeños concursos”

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul revocó por prematura la sentencia apelada, en cuanto denegó la apertura del proceso concursal, impuso las costas a los concursados y reguló honorarios; otorgando el plazo de diez días improrrogables para que los actores cumplan con los requisitos formales para la petición de su concurso preventivo. El concurso fue solicitado por un matrimonio de jubilados sobreendeudado por necesidades de consumo. El Tribunal analizó la problemática del sobreendeudamiento y destacó que “cuando el sobreendeudamiento deviene en falencia, la legislación concursal carece de un remedio específico, existe un verdadero vacío legislativo, dado que el régimen previsto para pequeños concursos no constituye un mecanismo idóneo para la solución de la problemática descripta, menos aun cuando, como en el presente, la insolvencia afecta a la clase pasiva con pocas posibilidades de recuperación”. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
Así lo resolvió, la Sala II, en los autos “C., A. B. y otro/a s/ Concurso preventivo (pequeño)”

En la sentencia de primera instancia se rechazó la petición de pequeño concurso preventivo solicitado por los actores, con costas.

La sentencia consideró incumplidos los requisitos de apertura previstos en el art. 11 de la LCQ, esenciales para dar inicio al concurso. Dijo el a quo que en el caso no procede conceder el plazo de gracia previsto en la norma citada por cuanto dicha extensión requiere una causal debida y válidamente fundada, que no se verifica en autos. Señaló que los requisitos legales de apertura del concurso están orientados a posibilitar al magistrado el análisis de la situación patrimonial del concursado y su incumplimiento conlleva la imposibilidad de realizar dicho análisis. Destaca que este concurso ha sido solicitado por un matrimonio de jubilados sobreendeudado por necesidades de consumo, abriendo paso a un supuesto especial que aún no encuentra regulación legal: la concursabilidad del consumidor.

La referida sentencia fue apelada por los concursados quienes reiteran el pedido de prórroga, oportunamente solicitado en el escrito de inicio, e insisten en que, dado su carácter de jubilados, no comerciantes, la información aportada es suficiente para brindar un conocimiento de su estado patrimonial, por lo que solicitan se revoque la sentencia apelada disponiéndose la apertura del concurso.

En la Alzada, el vocal preopinante es el Dr. Peralta Reyes quien puntualiza que el concurso es solicitado por un matrimonio de jubilados, que poseen como único activo el inmueble que habitan, sus jubilaciones, y un pagaré a su favor…, mientras que su pasivo se encuentra constituido principalmente por deudas derivadas de la financiación de su propia subsistencia (ver resúmenes de deudas de fs….). (la negrita pertenece al original, el subrayado es nuestro)

El magistrado recuerda que “situaciones como la presente han sido estudiadas por la doctrina bajo el rótulo de sobreendeudamiento del consumidor. En algunos casos se prefiere la expresión sobreendeudamiento de los particularesque en el sub-caso cabe precisar aún más como sobreendeudamiento de sobrevivencia, definido como el endeudamiento mínimo indispensable para el mantenimiento de la vida del deudor y su familia, como alimentación, vestido, servicios del hogar como electricidad, agua, etc.; lo que debe ser distinguido del sobreconsumo en el que el deudor recurre al préstamo para sostener un estilo de vida extravagante, que excede su mera supervivencia (Alegría, Héctor, en “Los llamados pequeños concursos…” L.L.2005.E, pág. 1358).” (la negrita es nuestra)

“También se ha distinguido entre sobreendeudamiento activo y pasivo, definiéndose el primero como una situación de base, caracterizada por el endeudamiento irresponsable del deudor que contrae más obligaciones de las que puede afrontar, mientras que el sobreendeudamiento pasivo se desencadena como consecuencia de acontecimientos posteriores al nacimiento de la obligación, como por ejemplo, la pérdida del empleo, la jubilación, la enfermedad del deudor, etc…” (la negrita pertenece al original, el subrayado es nuestro)

Dentro de la abundante doctrina nacional y extranjera citada por el camarista, se señala que “el fenómeno de sobreendeudamiento no debe centrarse sólo en las conductas desarrolladas por deudores irresponsables o poco previsores, sin contemplar la conducta desplegada por algunos proveedores que mediante publicidades engañosas, promociones agresivas, ventas realizadas sin una adecuada verificación de las posibilidades reales de pago –a menudo, impulsadas por el afán de incrementar comisiones y cumplir cupos- coadyuvan al agravamiento del fenómeno contemplado (cfr. Bersten, Horacio L “La regulación del sobreendeudamiento de los consumidores”, La Ley, Suplemento Actualidad, 30/8/11, 1).” (la negrita es nuestra)

Ahora bien, cuando el sobreendeudamiento deviene en falencia, la legislación concursal carece de un remedio específico, existe un verdadero vacío legislativo, dado que el régimen previsto para pequeños concursos no constituye un mecanismo idóneo para la solución de la problemática descripta, menos aun cuando, como en el presente, la insolvencia afecta a la clase pasiva con pocas posibilidades de recuperación (cfr. Junyent Bas, Francisco A., Izquierdo, Silvina ¿Decoctor ergo fraudator? La quiebra de los consumidores”, La Ley, Suplemento de Concursos y Quiebras 2009 (Octubre), pto. II.1 “el vacío normativo”).” (la negrita es nuestra)

Así, “se ha dicho que la Ley de Concursos y Quiebras, en sus arts. 288 y 289, determina cuáles son los casos de pequeñas quiebras y pequeños concursos, pero “se limita a bautizarlos… sin fijar un procedimiento que aligere los pasos que hacen al trámite común en materia concursal”, así, “por pequeña que sea una quiebra, tramitará como las adultas, y por pequeño que sea un concurso preventivo, padecerá la inmodificada y aún acrecida pesantez del régimen anterior” (cfr. Maffía, Osvaldo J. “Procedimiento especial (sólo que sin procedimiento especial) para los pequeños concursos”, ED, 165, 1226 (1996);…” (la negrita es nuestra)

“La insuficiencia de la ley concursal para resolver la problemática de la insolvencia de las personas físicas –no comerciantes-, comienza a verificarse y tener recepción en nuestra jurisprudencia. Así, a partir de un pedido de quiebra de un profesor de secundario de la Provincia de Buenos Aires, rechazado en primera instancia por falta de activo, con fundamento en el abuso del derecho (art. 1071 del Cód. Civ.), el tribunal señaló -con cita de Kemelmajer de Carlucci- que “desde hace más de treinta años, en la Argentina, los concursos dejaron de ser una figura exclusivamente mercantil; por el contrario el sistema comprende a comerciantes y no comerciantes, artesanos, empleados, ama de casa, jubilados, grandes y pequeños deudores”… De modo que -continúa el precedente citado- si a este grupo desventajado se les cierra la vía concursal, se los perpetúa en una situación de padecimiento que el sistema de orden público protectorio no puede permitir –este último párrafo recoge una cita del voto conjunto los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni referido al orden público protectorio del consumidor, que resulta aplicable al presente, C.S.J.N in re “Rinaldi…”, del 15/3/07, La Ley 2007-B, pág. 413-.” (la negrita es nuestra)

En definitiva, “cuando se presentan circunstancias específicas como la descripta en autos, los requisitos omitidos –si bien esenciales- pueden completarse con posterioridad a la petición inicial, siendo que la prórroga fue expresamente solicitada en ambas instancias. Existe una causa válidamente fundada para conceder el plazo de gracia previsto en el art. 11 in fine de la LCQ, constituida por la protección que los poderes públicos deben brindar a este grupo desventajado (clase pasiva) frente a su falencia, por lo que resulta prematuro el rechazo in límine de la petición…” (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio se resolvió revocar por prematura la sentencia apelada, en cuanto denegó la apertura del proceso concursal, impuso las costas a los concursados y reguló honorarios; “otorgándose el plazo de diez días improrrogables para que los actores den cumplimiento cabal a lo previsto en el art. 11 de la LCQ, debiendo el Sr. Juez de Grado verificar en una ulterior evaluación la procedencia del concurso preventivo solicitado; sin costas de alzada, atento la forma como se resolvió la cuestión.”

Dr. Jorge Oscar Rossi

Director del Boletín Jurídico del CAM


En un desalojo, es el Estado quien tiene que resolver el problema habitacional de los menores

En un juicio de desalojo donde quedó firme el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Morón ordenó al Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño que, en el plazo de diez días a contar desde la notificación, procure una solución “concreta, efectiva y respetuosa de la integridad del grupo familiar- a la problemática habitacional de los niños, niñas y adolescentes residentes”, en el mismo. El Tribunal destacó que el Poder Judicial está obligado “a dispensar tutela judicial continua y efectiva…a la actora…como así también a eventuales sujetos vulnerables involucrados (los niños, niñas y adolescentes residentes en el inmueble)” y recalcó que “la parte actora no es garante, ni tampoco responsable, del derecho a la vivienda de los menores; son sus padres (si están en condiciones) y, subsidiariamente, el Estado, quienes deben afrontar tal compleja problemática.” TEXTO COMPLETO DEL FALLO
Así lo dispuso la Sala II, en los autos  "C. S. M., C. O. E. Y C. J. C. C/ R. R. O. Y OTROS S/ DESALOJO".

En primera instancia se hizo lugar a la demanda, condenando a los accionados a desalojar el inmueble de autos dentro de los diez días de quedar firme el decisorio bajo apercibimiento de lanzamiento.

Esta decisión fue apelada por la demandada quien opone la existencia de menores en el inmueble, como argumento para evitar el lanzamiento.

En la Alzada el vocal preopinante fue el Dr. Gallo quien, al respecto, comenzó por recordar que esta Sala se ha señalado que la parte actora que reclama el desahucio no resulta garante ni responsable de la situación habitacional de los menores; en tal sentido, el deber primario es de sus padres y, luego, del Estado (causa nro. 36.894, R.S. 263/14).” (la negrita es nuestra)

Por ello y por no haber planteado el apelante ningún agravio concreto al decisorio de primera instancia, el camarista se pronunció por declarar desierto el recurso.

Ahora bien, lo anterior supone dejar firme la sentencia de grado y, por ello, el futuro lanzamiento, ante lo cual el magistrado destacó que la doctrina ha puesto de manifiesto que en los procesos de desalojo, aunque las personas menores de edad no son parte, su interés en el pleito es indiscutible; y señalando -cita jurisprudencial mediante- que en estos procesos corresponde poner en conocimiento del Ministerio Pupilar la sentencia que ordena el desalojo del inmueble en orden a que se adopten las medidas que se estimen oportunas para garantizar la tutela y defensa de los derechos de los niños a contar con una vivienda acorde a sus necesidades (MOLINA DE JUAN, Mariel, La protección de la vivienda familiar en el derecho nacional y comparado latinoamericano, en AA.VV, Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, FERNANDEZ, Silvia E. (dir),…” (la negrita es nuestra)

En el caso concreto, el camarista reseña que, entre junio de 2011, momento en que ante la existencia de menores en el inmueble, se le confiere vista al Asesor de Incapaces, a febrero de 2015 se realizan una serie de diligencias y audiencias que no arrojan ningún resultado, es decir, ni las partes ni el Estado ofrecieron ninguna solución al problema de la vivienda de los menores.

Desde el punto de vista normativo, luego de mencionar los derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional y Provincial, en la Convención sobre los Derechos del niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el magistrado se detuvo en los preceptos de la ley provincial 13.298: “Su art. 6 establece que "es deber del Estado para con los niños, asegurar CON ABSOLUTA PRIORIDAD la realización de sus derechos sin discriminación alguna" y su art. 7 indica que "la garantía de prioridad a cargo del Estado comprende: Protección y auxilio a la familia y comunidad de origen en el ejercicio de los deberes y derechos con relación a los niños; Asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la promoción y protección de la niñez; Preferencia en la formulación y ejecución de las políticas sociales públicas; Preferencia de atención en los servicios esenciales; Promoción de la formación de redes sociales que contribuyan a optimizar los recursos existentes; Prevalencia en la exigibilidad de su protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con intereses de los mayores de edad, o de las personas públicas o privadas". (la negrita es nuestra)

Ante este estado de cosas, el preopinante destaca que estamos obligados a dispensar tutela judicial continua y efectiva (art. 15 Const. Pcial.); a la actora (no olvidemos que el proceso ya lleva más de seis años tramitando) como así también a eventuales sujetos vulnerables involucrados (los niños, niñas y adolescentes residentes en el inmueble); a no olvidarlo, tanto la ausencia de prestación de tutela judicial efectiva (actora) como la desatención a los sujetos vulnerables podrían incluso comprometer la responsabilidad internacional del Estado.-

E, insisto, la parte actora no es garante, ni tampoco responsable, del derecho a la vivienda de los menores; son sus padres (si están en condiciones) y, subsidiariamente, el Estado, quienes deben afrontar tal compleja problemática.” (la negrita es nuestra)

En definitiva, para solucionar el problema, el camarista propone utilizar los poderes-deberes de los arts. 34 y 36 del CPCCBA, interpretados en clave constitucional y convencional; incluso acudimos, por analogía, a la regla del art. 36 inc. 7 de dicho Código: es que si el juez (de todas las instancias) tiene la potestad de actuar de oficio cuando existan fondos inactivos de los menores, mucho más va a tenerla cuando están en juego necesidades básicas insatisfechas; y el no actuar lo que estuviera a nuestro alcance nos colocaría en situación de incumplimiento -análoga a la de los órganos administrativos- con los deberes que me he ocupado de ir detallando.” (la negrita es nuestra)

Consecuentemente, a tenor de todo lo dicho, “ante la gravedad y persistencia del incumplimiento y por aplicación de lo establecido por los arts. 3, 4 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 15 y 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 6, 7, 32, 34 y 35 de la ley 13.928, deberá disponerse que -inmediatamente después de devueltos los obrados a la instancia de origen- se libre oficio -por Secretaria de aquel Juzgado- al Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño Morón, poniendo en conocimiento de su titular que -en el plazo de diez días a contar desde la notificación- deberá procurar una solución -concreta, efectiva y respetuosa de la integridad del grupo familiar- a la problemática habitacional de los niños, niñas y adolescentes residentes en el inmueble de autos; el oficio en cuestión deberá contener todos los datos pertinentes para el abordaje de la problemática, llevar adjunto copia del presente, diligenciarse por Secretaría -en la instancia de origen- y ser recepcionado, personalmente, por el responsable de dicho Servicio, a cuyo cargo quedará informar al Juzgado -inmediatamente y dentro del plazo indicado- cuál ha sido la medida adoptada. Asimismo, y para el caso de incumplimiento, la Sra. Juez de Grado deberá adoptar las medidas necesarias, dirigiéndose a las autoridades competentes en esta temática a los fines de la solución integral de la situación urgente y descripta y de la responsabilidad que le quepa a las instituciones competentes en la materia.-

La presente se comunicará, en forma inmediata de concluido el Acuerdo, al Sr. Asesor de Incapaces actuante a cuyo cargo quedará el contralor de lo actuado en orden al cabal cumplimiento de lo aquí decidido.” (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio, se resolvió declarar desierto el recurso de apelación interpuesto y ordenar que el juzgado de primera instancia libre oficio por Secretaria “al Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño Morón, poniendo en conocimiento de su titular que -en el plazo de diez días a contar desde la notificación- deberá procurar una solución -concreta, efectiva y respetuosa de la integridad del grupo familiar- a la problemática habitacional de los niños, niñas y adolescentes residentes en el inmueble de autos”. (la negrita es nuestra)

Asimismo, “y para el caso de incumplimiento, la Sra. Juez de Grado deberá adoptar las medidas necesarias, dirigiéndose a las autoridades competentes en esta temática a los fines de la solución integral de la situación urgente y descripta y de la responsabilidad que le quepa a las instituciones competentes en la materia”.

Dr. Jorge Oscar Rossi

 

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009


La Cámara le dice a la AFIP: “Una cosa es poder fiscalizar y otra cosa es poder sancionar”

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad de la Resolución General 3358/12 de la AFIP, en cuanto la faculta a dar de baja la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) a sociedades comerciales que se encuentren en determinados supuestos. Para el Tribunal, AFIP no cuenta con la potestad para cancelar o dar de baja la CUIT y, por otro lado, “también es necesario señalar que la RG 3358/12 no supera el estándar de razonabilidad, en tanto los medios elegidos para cumplir los fines propuestos resultan manifiestamente desproporcionados”. TEXTO COMPLETO DEL FALLO

Así lo resolvió la Sala IV, en los autos “FDM MANAGEMENT SRL C/ EN – AFIP – DGI – RG 3358/12 S/ AMPARO LEY 16.986”.

El juez de primera instancia rechazó, con costas, la acción de amparo por la que FDM Management SRL persiguió el restablecimiento de su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), que había sido dada de baja en los términos de la RESOLUCIÓN GENERAL (RG) AFIP 3358/12.

Para así decidir, remitió a los fundamentos de un precedente análogo, en el que había ponderado diversas presentaciones en trámite en sede administrativa tendientes a rehabilitar la CUIT, circunstancia que ─según sostuvo─ desmerecía la pretendida vulneración del derecho de defensa y daba cuenta de que el interesado habría consentido la cancelación de la inscripción.

También compartió los argumentos del dictamen fiscal, que había evaluado los hechos del caso sin advertir la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta invocada, cuya dilucidación ─entendió─ exigiría mayor debate y prueba que el que permitía el estrecho marco del amparo.

Por lo demás, el fiscal destacó la existencia de un procedimiento administrativo ─que la actora aludió haber iniciado─ para solicitar la rehabilitación de la CUIT, en el que el contribuyente puede ofrecer prueba para demostrar que no está incluido en ninguno de los supuestos que prevé la mencionada resolución general.

Cabe destacar que, a través de la Resolución General 3358, la AFIP  tiene facultades para la cancelación de la CUIT de las sociedades comerciales enumeradas en el artículo 2do. de dicha Resolución que:

a) A la fecha de evaluación no registren altas en impuestos y/o regímenes, o

b) no hubieren presentado declaraciones juradas determinativas desde el 1° de enero del año inmediato anterior a la citada fecha de evaluación. o

c) habiendo presentado declaraciones juradas en dicho lapso, no hayan declarado:

1. ventas en el impuesto al valor agregado,

2. ventas / ingresos en el impuesto a las ganancias,

3. empleados, y

4. trabajadores activos en “Mi Simplificación”.

La actora interpuso recurso de apelación, insistiendo en que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) carece de competencia para dar de baja la CUIT, porque “no existe en el artículo 7 del decreto 618/97 ninguna facultad para ‘eliminar contribuyentes’ por parte de la D.G.I.”), toda vez que sus facultades son de verificación y fiscalización de hechos imponibles ya acontecidos, por lo que aquélla puede verificar a un contribuyente, solicitar al juez desde la ejecución de una deuda hasta el allanamiento de un domicilio pero en ningún caso puede eliminarlo de un padrón de datos públicos.

Abundando en ello, sostuvo que el sistema establecido por la RG 3358/12 es inconstitucional, porque la AFIP-DGI se ha “arrogado facultades que no tiene”.

El Tribunal de Alzada analizó si el Administrador Federal de Ingresos Públicos cuenta con competencia para dictar la RESOLUCIÓN GENERAL (RG) 3358 y disponer la baja de la CUIT de los contribuyentes en forma autoaplicativa.

Al respecto, se recordó que la AFIP invocó como fundamento para adoptar esa decisión las atribuciones que le otorga el art. 7º del decreto 618/97.

Para los camaristas, “si bien en el acto impugnado no se especifica el inciso del citado precepto que justificaría la medida, de su lectura se desprende que sería el que prevé que el Administrador Federal podrá dictar normas obligatorias en relación con la “inscripción de contribuyentes, responsables, agentes de retención y percepción y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes y responsables” (art. 7º, inc. 1º).
Pues bien, del texto expreso o literal de la norma -primera fuente de interpretación normativa, según la Corte, Fallos:330;3160 y 330;4988, entre otros-, sólo surgen facultades para regular lo relativo a la forma y modo en que los contribuyentes y demás sujetos tributarios deben inscribirse en los distintos registros que lleve la AFIP, tal como sucede, por otra parte, con las disposiciones adoptadas para conformar el Sistema Registral, pero en modo alguno surge que también cuente con la potestad para cancelar o dar de baja la CUIT.(la negrita es nuestra)

En cambio, la RESOLUCIÓN GENERAL (RG) 3358, “lejos de reglar pormenores de la inscripción lo que prevé es la cancelación de la clave como forma de sanción para el contribuyente que se encuentre en alguno de los supuestos que contempla.”(la negrita es nuestra)

Por otro lado, “también es necesario señalar que la RG 3358/12 no supera el estándar de razonabilidad, en tanto los medios elegidos para cumplir los fines propuestos resultan manifiestamente desproporcionados. En efecto,… según el emisor de la norma, los objetivos centrales de ese reglamento son, por un lado, neutralizar la eventual utilización de la inscripción como instrumento de maniobras de evasión fiscal y, por el otro, mantener actualizados los registros que administra el organismo fiscal.
Más allá de la referida incompetencia del organismo para desplegar acciones que excedan la verificación y fiscalización, lo cierto es que el régimen establece, en primer lugar, la cancelación de la inscripción y difiere para un segundo momento el ejercicio del derecho de defensa del contribuyente o afectado por esta medida así como el dictado del acto administrativo fundado.”(la negrita es nuestra)

En definitiva, "en el sub lite la irrazonabilidad se configura por la innecesaria alteración del curso natural de todo procedimiento administrativo, que normalmente ubica las etapas y secuencias del iter formal antes del acto y éste último antes de la actuación material (art. 1º, inc. f, de la ley 19.549, por remisión del art. 116 de la ley 11.683). La RG (AFIP) 3358/12 coloca en infracción automática a todos los sujetos a los que la AFIP les canceló la CUIT y los obliga a transitar un procedimiento para demostrar que la medida no se les aplica, en una clara inversión ─se reitera─ del procedimiento sancionatorio.”(la negrita es nuestra)

Por lo anterior, se decidió lugar al recurso de la amparista y revocar la sentencia apelada admitiendo la acción y condenando a la Administración Federal de Ingresos Públicos a rehabilitar la CUIT de FDM Management SRL, declarando la inconstitucionalidad de la RG (AFIP) 3358/12 en relación con esta última, con costas de ambas instancias a la demandada.

Dr. Jorge Oscar Rossi

Director del Boletín Jurídico del CAM

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El debate recién empieza: Con o sin nuevo Código, solo el legislador nacional dispone cuáles bienes son inembargables

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul confirmó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432, que establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable. El Tribunal recordó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual se sostuvo que “lo relativo a las relaciones entre el deudor y el acreedor y a la ejecución de los bienes del deudor constituyen cuestiones propias de la legislación federal, delegadas por las Provincias a la Nación”. La Cámara consideró que la solución no varía con la nueva regulación del tema, que surge de los arts. 244 y siguientes del Código Civil y Comercial, porque “los Estados provinciales pueden ensanchar los derechos individuales (y aún los colectivos)…siempre y cuando no se invada la esfera reservada al Congreso Nacional (art. 75, Constitución Nacional)”.TEXTO COMPLETO DEL FALLO
Así lo resolvió la Sala I, en los autos "RODRIGUEZ, JORGE A. C/ PALEO, ELDA Y/O OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS".

En los autos conexos caratulados “Rodríguez Jorge A. c/ Paleo Elda y/u otro s/ incidente de medidas cautelares”, con fecha 06.03.03 se ordenó un embargo sobre un inmueble de uno de los codemandados, Ernesto Rubén Minaberrigaray,  para asegurar el crédito fijado por sentencia en el presente juicio por daños y perjuicios.

Con posterioridad, el coejecutado Ernesto Rubén Minaberrigaray promovió un incidente de levantamiento de embargo y exclusión de ejecución. Expuso el peticionante que ocupa el inmueble con su grupo familiar (cónyuge y madre) en carácter de vivienda única y de ocupación permanente y que ésta guarda relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar. Prestó declaración jurada respecto de que no renunció a la garantía de inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda. Ofreció prueba y fundó su petición en los arts. 175 y ss. del CPCC y en los arts.1 a 9 de la ley provincial 14.432.

Cabe destacar que la ley provincial 14.432 establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular (art. 2), siempre que constituya el único inmueble del titular destinado a vivienda y de ocupación permanente, y que guarde relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere, (art. 3). Esta condición de inmueble “inembargable e inejecutable” no será oponible respecto de deudas originadas en:

a) Obligaciones alimentarias.

b) El precio de compra-venta, construcción y/o mejoras de la vivienda.

c) Impuestos, tasas, contribuciones, expensas que graven directamente la vivienda.

d) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única. (art. 5).

En primera instancia se rechazó la petición, declarándose la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432 ya que no se podía dejar de considerar el criterio sustentado por el Superior Tribunal Nacional en casos análogos.

Para así resolver, señaló el magistrado que compartía lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Banco de Suquía S.A…”, en el cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 58 in fine de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de su ley reglamentaria n° 8067 que abordan una temática similar a la ley 14.432, y en el que se analizaron argumentos análogos a los expresados en el sub lite; es decir si tales normas invaden las facultades expresamente delegadas al Congreso Nacional por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, toda vez que resultan ser normas de fondo o de derecho común y que tratan una cuestión que se encuentra regulada por la ley 14.394. Por ello, dado que el instituto del bien de familia se encuentra regulado por la ley nacional 14.394 y ya la Corte Nacional ha declarado la inconstitucionalidad de una norma similar, procedió del modo indicado y rechazó, con costas al demandado, el incidente de inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble.

Contra ese pronunciamiento el codemandado interpuso recurso de apelación.

En la Alzada, la vocal preopinante fue la Dra. Comparato, quien aplicó al caso las disposiciones del Código Civil y Comercial, por considerar que, el sistema establecido en el art. 7 del CCC “implica que la nueva ley toma la relación o situación en el estado en que se encontraba al tiempo de ser sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos, en tanto que los cumplidos se los considera regidos por la ley vigente al tiempo que se desarrollaron.”

Por lo tanto, “no puede desconocerse que la resistencia incoada por el apelado y los fundamentos explicitados en la sentencia por el anterior magistrado se encuentran, a nivel nacional, hoy receptados por las disposiciones de los artículos 244 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación; normas de las que, en virtud de la regla antedicha del art. 7 de mismo cuerpo, no pueden prescindirse…” (la negrita es nuestra)

 

EL TEMA EN EL CCC

La ley 26.994, que aprobó el Código Civil y Comercial, también derogó, entre otras normas, a la ley 14394, que establece el régimen de bien de familia.

En su lugar, el tema se regula en los arts. 244 a 256 del CCC.

El citado art. 244, primero del Capítulo 3. denominado “Vivienda”, perteneciente al Título III (Bienes), del LIBRO PRIMERO. PARTE GENERAL, establece que:

Afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.

La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario.

No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término.

Por nuestra parte, en oportunidad de comentar el fallo “GOÑI, HUGO HORACIO C/ CORIA, SERGIO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, 23/09/14) nos permitimos resaltar la oración “Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales”, para destacar un futuro conflicto interpretativo: En efecto, esas “otras disposiciones legales” ¿son solo leyes nacionales o pueden ser también provinciales?

En este último supuesto,  ¿el legislador nacional, al que había sido delegada esta facultad por las provincias ahora decide compartirla?

Entendíamos, en esa ocasión, que las competencias que la Constitución Nacional atribuyen al Congreso Nacional en forma exclusiva no pueden ser compartidas por este con las provincias, porque lo contrario implica una modificación del sistema federal establecido en nuestra Carta Magna.

Este tema será tratado por la preopinante, en el presente fallo en análisis.

Por empezar, la magistrada señala que si bien el apelante pretende – sin brindar argumentos a tal fin- que la ley provincial 14.432 debe armonizarse con las perrogativas del Congreso Nacional para abordar una materia de derecho común que le ha sido delegada por las provincias, es indudable que los dos regímenes coexisten y tutelan con diverso alcance a la vivienda; y ciertamente, el régimen provincial de tutela “automática” resulta ser más protector que aquel dispuesto en el orden federal.

Repárese que el artículo 2 de la ley provincial prescribe que “todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable” y con ello establece un claro apartamiento del régimen nacional que requiere la inscripción “expresa” por parte del interesado en el Registro de Propiedad respectivo para su oponibilidad a terceros (art. 35 de la derogada ley 14.394; art. 244 CCyC). Ello conlleva, por lo menos, a que el operador jurídico deba determinar si el Estado federal puede o no establecer sobre tal tópico un sistema voluntario, y si en su caso, ello obsta a que sobre el particular las provincias legislen “progresivamente”. (la negrita es nuestra)

En ese sentido, “en distintos ámbitos se ha dicho que la norma provincial plasma sin duda un ejemplo de la progresividad de los Derechos Humanos. Concretamente el decreto provincial 547 reglamentario de la ley 14.432 reseñó las normas supralegales que protegen el derecho a la vivienda digna, mencionando que el proceso de constitucionalismo “ha sido profundizado, consolidado y expandido en el año 1994 con la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el bloque constitucional federal (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22). Que en consecuencia, la protección del derecho a la vivienda digna, reconoce su fuente en los artículos 14 bis y 75 inciso 22) de la Constitución Nacional (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11: 1; Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25 inciso 1); Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (artículo 5); Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 3º); Convención de los Derechos del Niño (artículo 27, inciso 3); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26); y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la cual en su artículo 36 inciso 7), garantiza el derecho a la vivienda en el marco de la protección integral de la familia” (la negrita es nuestra)

Ahora bien, por otro lado, la vocal recuerda que “desde sus primeros pronunciamientos la Corte Suprema de la Nación Argentina ha resuelto que las relaciones entre acreedor y deudor sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación, en virtud de la delegación contenida en el art. 75 inc. 12 (antiguo 67, inc. 11) de la Constitución Nacional (Fallos: 322:1050, considerando 7° y sus citas). Y ello alcanza –obviamente- a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del deudor (Fallos:271:140, último considerando). Más aún, cuando el máximo tribunal nacional examinó leyes que excluían del embargo a ciertos bienes (por razones que calificó “de humanidad”), consideró que las normas dictadas por el Congreso Nacional constituían, por la materia que regulaban y por el hecho de haberlas sancionado aquél, preceptos de fondo, o sustantivos, destinados a regir las relaciones entre acreedor y deudor y, por consiguiente, normas generales del derecho civil establecidas en virtud del poder conferido por el artículo constitucional 75 inc. 11 (Fallos 138:240,244,245).” (la negrita es nuestra)

Sin embargo, destacó “otras voces han declarado –recientemente- la constitucionalidad de la ley provincial en cuestión.”

En tal sentido, “la Sala II de la Cámara de La Plata, en la causa “H.M c/ G.M.A s/ Cobro ejecutivo de alquileres”, con primer voto de la Dra. Patricia Bermejo, confirmó un pronunciamiento que suspendía la subasta ordenada en un juicio ejecutivo con fundamento en lo normado por la ley 14.432. Para así decidir los distinguidos camaristas consideraron que la disposición provincial resultaba “convencional” porque particularmente importaba una progresividad de los derecho humanos y consolidaba que las prerrogativas del legislador nacional no inhabilitan a las provincias a legislar ni a interpretar restrictivamente esta posibilidad; máxime, cuando precisamente el sentido del nuevo Código sustancial es ampliar las garantías en consonancia con las que emanan de la Carta Magna Federal y los Tratados Internacionales. Sobre el particular, allí se destacó que “conforme regula el nuevo artículo 242 del CCCN, si bien el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores y sus bienes quedan afectados al cumplimiento de sus obligaciones, algunos de ellos, son excluidos legalmente de esta responsabilidad, resultando inembargables, los que tiene lugar en consideración a razones de orden público, entendido éste como el conjunto de principios de orden moral, ético, político y económico. Este es el sentido que sostiene la mayor protección de los derechos, en este caso, el derecho a una vivienda”. (la negrita es nuestra)

Para la Dra. Comparato, si bien se comparte plenamente la tesis de que el espíritu de los tratados y declaraciones mencionados en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional deben expandirse por todo el ordenamiento jurídico y no solo por medio de la legislación pueden hacerse cumplir el tema amerita ciertas precisiones. Como lo advirtió Emilio Ibarlucía en su trabajo “El debate constitucional acerca de la inembargabilidad de la vivienda única”, los Estados provinciales pueden ensanchar los derechos individuales (y aún los colectivos) frente a sí mismos, siempre y cuando no se invada la esfera reservada al Congreso Nacional (art. 75, Constitución Nacional). Asimismo las constituciones locales pueden obligar a las provincias pero no pueden crear obligaciones a los ciudadanos fuera de las contempladas por las normas dictadas por el órgano federal competente. Puede, entonces, una Constitución local comprometer a la provincia a cumplir determinadas prestaciones en materia de salud o educación, y también puede consagrar a nivel de norma superior el derecho a la excarcelación, el principio “in dubio pro reo”, o el derecho a la reparación por error judicial, como tantas constituciones provinciales lo hacen, porque ninguna de ellas implica obligaciones o pérdidas de derechos para otros ciudadanos. Tan es así que es perfectamente válido que un código procesal penal provincial (o hasta una constitución local) contemple, por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba (“probation”), pero nunca podría establecer la pérdida consiguiente de los derechos indemnizatorios de las víctimas de los delitos investigados, ni efecto alguno de tal decisión procesal en la órbita civil. Con la inembargabilidad de la “vivienda única” ocurre exactamente lo mismo (Ibarlucía Emilio A.; artículo citado, pub. en LLC 2002, 1391; LL2003-B, 244; con cita de Hidalgo, Enrique (h), “Comentario de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”, Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 23).

La competencia de las provincias para ampliar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional -concluye el citado autor al desarrollar tan opinable tema- se limita a las obligaciones que como Estados locales asuman frente a sus habitantes, pero no pueden crear obligaciones de los particulares respecto de ellos, y no otra cosa es la prohibición a los acreedores de cobrarse sobre determinados bienes de los deudores.” (la negrita y el subrayado es nuestro)

Siendo compartido este criterio, se resolvió rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y consecuentemente confirmar la sentencia apelada que declaró, en el caso, la inconstitucionalidad de la ley 14.432 y denegó la inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble embargado; con costas al vencido.

 

Dr. Jorge Oscar Rossi

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009

 

NOTA RELACIONADA: La Cámara Civil y Comercial de La Plata confirmó la sentencia que dispuso la suspensión de la subasta de un inmueble, con fundamento en la ley 14.432, según la cual todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular. Ante el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma, el Tribunal se apartó de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para hacerlo, entre otros fundamentos, aplicó el art. 244 del Código Civil y Comercial, por considerar que de este artículo se desprende que las provincias pueden establecer regímenes de inejecutabilidad de viviendas aún más favorables que los que dispone la normativa nacional, pues “el sentido del nuevo Código sustancial es ampliar las garantías, en consonancia con las que emanan de la Carta Magna federal y los Tratados Internacionales.”


Los jueces insisten: Solo el legislador nacional dispone cuáles bienes son inembargables

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul confirmó el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432, que establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable. El Tribunal recordó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la cual se sostuvo que “lo relativo a las relaciones entre el deudor y el acreedor y a la ejecución de los bienes del deudor constituyen cuestiones propias de la legislación federal, delegadas por las Provincias a la Nación”. La Cámara destacó que la “ley nacional 14.394 de Bien de Familia regula la misma materia legislada por la citada ley provincial”, tema también recibe tratamiento en el nuevo Código Civil y Comercial. TEXTO COMPLETO DEL FALLO Y COMPARACIÓN CON EL REGIMEN DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
Así lo dispuso la Sala II, en los autos “GOÑI, HUGO HORACIO C/ CORIA, SERGIO DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO” (Causa Nº 59.018).

El actor promovió el cobro ejecutivo de $ 299.540 contra Sergio Daniel Coria persiguiendo el cobro del capital e intereses adeudados por el libramiento de seis cheques impagos a su vencimiento por carecer de fondos depositados en su cuenta corriente bancaria. El ejecutado solicitó que, por aplicación de la ley provincial 14.432 se declare la inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble que habita con su familia. La actora solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la ley citada.

A su turno, la juez de primera instancia se pronunció admitiendo la pretensión del ejecutante y declaró para el caso la inconstitucionalidad de la mencionada ley 14.432.

Cabe destacar que la ley provincial 14.432 establece que todo inmueble ubicado en la Provincia de Buenos Aires destinado a vivienda única, y de ocupación permanente, es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular (art. 2), siempre que constituya el único inmueble del titular destinado a vivienda y de ocupación permanente, y que guarde relativa y razonable proporción entre la capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere, (art. 3). Esta condición de inmueble “inembargable e inejecutable” no será oponible respecto de deudas originadas en:

a) Obligaciones alimentarias.

b) El precio de compra-venta, construcción y/o mejoras de la vivienda.

c) Impuestos, tasas, contribuciones, expensas que graven directamente la vivienda.

d) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única. (art. 5).

Contra ese pronunciamiento el demandado interpuso recurso de Apelación y en la Alzada, el vocal preopinante fue el Dr. Galdos, quien destacó que “la Corte Nacional resolvió varias veces que lo relativo a las relaciones entre el deudor y el acreedor y a la ejecución de los bienes del deudor constituyen cuestiones propias de la legislación federal, delegadas por las Provincias a la Nación”, añadiendo que la “ley nacional 14.394 de Bien de Familia regula la misma materia legislada por la citada ley provincial”. (la negrita es nuestra)

“Por consiguiente y toda vez que la ley 14.432 invadió esferas propia de la legislación nacional y de derecho común (arts. 75 inc 22 y 126 Constitución Nacional), que esa misma materia está regulada en la mentada ley 14.394 y que constituye una razonable reglamentación de la protección de la vivienda familiar, la ley local impugnada 14.432 resulta contraria a la Constitución Nacional (art. 31 C.N.).” (la negrita es nuestra)

El magistrado recordó que “esta es la actual doctrina de la Corte Federal que se pronunció en un antecedente de la Provincia de Córdoba a raíz de interpretaciones constitucionales del art. 58 de la Carta Magna de esa Provincia de 1987.

Ese artículo estableció que “la vivienda única es inembargable en las condiciones que fija la ley”, y la ley 8067 de aquella provincia estableció que “considérase automáticamente inscripta de pleno derecho como bien familia, a partir de la vigencia de esta ley, a los fines previstos por el art.58 de la Const. Provincial, la vivienda única que cumpla con los requisitos establecidos en la ley nacional 14.394" (cit. por Sup. Corte de Just. De Mendoza, Sala I, 4/8/94, “Balza, Oscar Emigdio en J 88.300 Jazlli, Juan Carlos c/ Gladys A. Coria y otros p/ Cob. Alq. S/ Inc.”, cit.en Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Protección jurídica de la vivienda familiar”, cit.p.484).

Sin embargo, mientras algunos tribunales cordobeses se pronunciaron por la inconstitucionalidad del art. 58 de la Constitución y de la ley reglamentaria 8067 por violar las leyes 14.394 y 17.801, y avanzar sobre la competencia privativa del Congreso Nacional que regula las relaciones entre acreedor y deudor y las cuestiones dominiales… el Tribunal  Superior, reconociendo la posible afectación de intereses de acreedores, resolvió por mayoría que “frente a situaciones de conflicto aquéllos deben ceder en función del resguardo de la dignidad humana y el bienestar familiar y general”, convalidando la inscripción automática de la vivienda única y asiento del grupo familiar como bien de familia registrado de pleno derecho (T.S.Córdoba, 14/3/2000, “Banco de la Provincia de Córdoba c/ Massa, Néstor N.”,…” (la negrita es nuestra)

Finalmente, “el conflicto interpretativo finalmente fue dirimido por la Corte Federal que decidió -por mayoría- que “corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 58 de la Constitución de Córdoba y la ley local 8067 pues determinar qué bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor –y cuáles no- es materia de la legislación común, y, como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional,por lo que no corresponde que las provincias incursionen en ese ámbito, pues ese poder ha sido delegado por ellas a la Nación al sancionarse la Constitución” (cf. C.S., 19/03/2002, “Banco del Suquía S.A. c/ Juan Carlos Tomassini”, Fallos 325-428).”

A mayor abundamiento, el preopinante señaló que el “régimen vigente del bien de familia de la ley 14.394 compatibiliza, adecuada y razonablemente, -dicho esto desde la óptica constitucional- el derecho a una vivienda sustraída de la prenda común de los acreedores, cumplimentados los requisitos de publicidad e inoponibilidad, por deudas ulteriores a su inscripción constitutiva en un Registro Público.” (la negrita es nuestra)

“Por lo demás ese sistema es el adoptado por el art. 244 del Proyecto 2012 de Código Civil y Comercial, siguiendo los antecedentes del Proyecto de Unificación del año 1998”. (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio, se resolvió confirmar la sentencia apelada que declaró, en el caso, la inconstitucionalidad de la ley 14.432 y denegó la inembargabilidad e inejecutabilidad del inmueble embargado con costas al demandado.

EL TEMA EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

La ley que aprueba el Código Civil y Comercial, que recibió sanción definitiva de Diputados el pasado 1° de Octubre y que entrará en vigencia el 1° de enero de 2016 deroga la ley 14394, que establece el régimen de bien de familia.

En su lugar, el tema se regula en los arts. 244 a 256 del Nuevo Código.

El citado art. 244, primero del Capítulo 3. denominado “Vivienda”, perteneciente al Título III (Bienes), del LIBRO PRIMERO. PARTE GENERAL, establece que:

“Afectación. Puede afectarse al régimen previsto en este Capítulo, un inmueble destinado a vivienda, por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales.

La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional del registro inmobiliario.

No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo apercibimiento de considerarse afectado el constituido en primer término.”

Nos permitimos resaltar la oración “Esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales”, para destacar un futuro conflicto interpretativo: En efecto, esas “otras disposiciones legales” ¿son solo leyes nacionales o pueden ser también provinciales?

En este último supuesto,  ¿el legislador nacional, al que había sido delegada esta facultad por las provincias ahora decide compartirla?

Entendemos que las competencias que la Constitución Nacional atribuyen al Congreso Nacional en forma exclusiva no pueden ser compartidas por este con las provincias, porque lo contrario implica una modificación del sistema federal establecido en nuestra Carta Magna.

Dejando de lado esta cuestión, las modificaciones más importantes al régimen del bien de familia que surgen del nuevo Código, tal como se explica en los Fundamentos del Proyecto Original, redactado por la Comisión integrada por los doctores Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, son:

(a) se autoriza la constitución del bien de familia (en realidad, “vivienda inembargable” sería una mejor denominación del instituto) a favor del titular del dominio sin familia, atendiendo a la situación, cada vez más frecuente, de la persona que vive sola y se permite que el bien de familia sea constituido por todos los condóminos, aunque no sean parientes ni cónyuges (art. 245 y 246)

(b) la afectación también puede ser decidida por el juez, a petición de parte, en la resolución que atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que resuelve las cuestiones relativas a la

conclusión de la convivencia, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida; (art. 245)

(c) se amplía la lista de los beneficiarios al conviviente; (art. 246)

(d) se prevé expresamente la subrogación real, que permite adquirir una nueva vivienda y mantener la afectación, así como extender la protección a la indemnización que provenga del seguro o de la expropiación; (art. 248)

(e) En caso de quiebra del constituyente del bien se adopta el criterio según el cual el activo liquidado pertenece sólo a los acreedores anteriores a la afectación, y si hay remanente se entrega al propietario; (art. 249)

(f) además, se admite la retroprioridad registral, en tanto se remite a las normas de la ley registral que así lo autorizan; (art. 249)

(g)  Se establece expresamente la inoponibilidad de la afectación a los créditos por expensas en la propiedad horizontal y a los créditos alimentarios, (art. 249)

FALLO RELACIONADO

 

Dr. Jorge Oscar Rossi

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009


Una cesión de derechos hereditarios con vicios de forma y de fondo

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia que declaró la nulidad de una cesión de derechos hereditarios por no estar formalizada en escritura pública y, además, encontrarse configurado el vicio de lesión, en tanto existe una notable desproporción de las prestaciones al ser otorgado el acto en forma gratuita, lo que permite inferir los elementos subjetivos de la nulidad alegada en tanto evidencia estado de necesidad, ligereza e inexperiencia de la cedente, que contaba con 22 años y atravesaba una enfermedad. TEXTO COMPLETO DEL FALLO
Así lo resolvió, en autos "SCAZZIOTA, CATALINA ANDREA CONTRA SÁNCHEZ ASINS, ENCARNACIÓN. NULIDAD DE ACTO JURÍDICO".

La actora -señora Catalina Andrea Scazziota- cedió sus derechos hereditarios en la sucesión de su padre -señor Saturnino Atilio Scazziota- a favor de su madre. Lo hizo en forma gratuita y mediante instrumento privado, cuyas firmas y contenido fueron ratificados en sede judicial, en el marco del juicio sucesorio ab intestato.

 

Posteriormente, la cedente demandó la nulidad de la cesión, circunstancia que fue favorablemente acogida por el juez de primera instancia.

A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata confirmó ese decisorio. Para así resolver, consideró que:

a) la cesión de derechos hereditarios debe hacerse por escritura pública (art. 1184 inc. 6, Cód. Civil) y esa forma es ad solemnitatem, circunstancia que no se verifica en autos donde existe un instrumento privado con firmas ratificadas ante el secretario del juzgado de primera instancia;

b) el juzgado no se pronunció por la validez formal de dicho documento, razón por la cual no puede sostenerse que haya existido cosa juzgada sobre ese aspecto y

c) se configura el vicio de lesión enorme previsto en el art. 954 del Código Civil en tanto existe una notable desproporción de las prestaciones al ser otorgado el acto en forma gratuita, y que ello permite inferir los elementos subjetivos de la nulidad alegada en tanto evidencia estado de necesidad, ligereza e inexperiencia de la cedente, que contaba con 22 años y atravesaba una enfermedad. Por tanto, no evaluó la incidencia que el valor de los bienes cedidos podían tener en su proyecto de vida, como proporcionarle la posibilidad de continuar sus estudios y contar con una vivienda propia.

La demandada planteó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Llegado el caso al Máximo Tribunal bonaerense, el primero de los ministros en votar es el Dr. Genoud quien comenzó por destacar que “el principal argumento de la sentencia fue que la cesión de derechos hereditarios requería la forma de escritura pública (art. 1184 inc. 6, C. Civ.), citando doctrina legal de esta Corte para apoyar la postura adoptada. Frente a ello, el recurrente se ha limitado a expresar que ese acto no requería tal formalidad, con cita de fallos no pertenecientes a este Tribunal y donde se resolvieron cuestiones que no guardan similitud con las que aquí se debaten.” (la negrita es nuestra)

En apoyo a su postura, el ministro reproduce parte del voto de otro miembro del Tribunal, el Dr. Negri, en un caso anterior (causa Ac. 90.994, sentencia del 9-XI-2005): "la cesión requiere siempre la escritura pública. Cierta jurisprudencia, interpretando mal los alcances de los arts. 3346, 3347 y 3349, que admiten la renuncia hecha por instrumento privado con eficacia entre coherederos, ha resuelto que a la cesión de derechos hereditarios, se le aplican estas normas, de modo que el acto auténtico sólo se le requeriría a los efectos de su oponibilidad a terceros. Disentimos de esta apreciación, por contrariar las normas expresas sobre las formas y por aplicar las disposiciones relativas a un supuesto distinto como lo es la renuncia de derechos adquiridos por la aceptación prevista en los arts. 3346, 3347 y 3349. Del contexto resulta que la forma no obsta a que la cesión realizada en instrumento privado esté sujeta a las disposiciones generales del art. 1185. O sea que constituiría un típico precontrato o antecontrato de cesión que faculta a las partes a exigir el otorgamiento de la misma en forma (Zannoni, Eduardo; “Derecho de las Sucesiones”, Editorial Astrea, Bs. As., 1997, pág. 595)" (el subrayado es nuestro)

Cabe destacar que el Código Civil y Comercial también exige la escritura pública para este contrato:

"ARTICULO 1618.- Forma. La cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual.

 Deben otorgarse por escritura pública:

 a) la cesión de derechos hereditarios;..."

Por otro lado, el Dr. Genoud puntualiza que "el impugnante se limita a decir que la cesión está homologada, sin rebatir los argumentos dados por la Cámara para sostener lo contrario intentando, sin éxito, controvertir los fundamentos esgrimidos por la alzada relativos a la configuración del vicio de lesión, manifestando simplemente que se ha invertido la carga de la prueba, lo que no alcanza para logar la modificación de fallo puesto en crisis."

Respecto del vicio de lesión, acotamos que la redacción del CCC es similar a la del Código Civil derogado:

Art. 954 del Código Civil: “Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto. El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al contestar la demanda.”

Art. 332 del CCC: Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.

Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.

Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la demanda.

El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda.

Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción.

Como puede apreciarse, en ambos textos es idéntica la presunción, excepto prueba en contrario, que existe  explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.

Dicho de otra manera, si el juez entiende que hay notable desproporción de las prestaciones (vgr., como en el caso, cesión gratuita de derechos hereditarios por parte de una joven de 22 años que atravesaba una enfermedad y carece de ingresos y vivienda propia), es la parte demandada la que debe demostrar que no existió explotación del estado de necesidad, inexperiencia o ligereza  (en palabras del Código Civil, “debilidad síquica”, para el CCC) del cedente.

En definitiva, siendo compartido este criterio por el resto de los ministros que participaron en el Acuerdo, se resolvió desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas al recurrente vencido.

 

Dr. Jorge Oscar Rossi

Abogado (U.B.A.). Director del Boletín Jurídico del Colegio de Abogados de Morón. Profesor Titular de la asignatura Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios y Adjunto de Obligaciones Civiles y Comerciales, Contratos Civiles y Comerciales y Derechos Reales en la Universidad Abierta Interamericana. Autor de “Responsabilidad Civil & Daños”, de Ediciones D&D, año 2009